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El proceso judicial es un invento del ser humano; surge como una necesidad para la resolución pronta y justa de los conflictos sociales. Sin embargo, la historia ha demostrado que, normalmente, ni es justa ni es pronta y que tampoco resuelve el conflicto. En el caso del derecho penal, ante esta realidad, han surgido tres grandes posiciones doctrinarias: por un lado, los que aconsejan su abolición (abolicionistas), pues están convencidos de que el derecho penal “de nada sirve”. Otros, respaldan su reafirmación (maximalistas), pues creen firmemente que solo con “mano dura” (ampliación de los delitos y más cárcel), se resuelven los problemas de criminalidad. Los primeros nos llevarían al anarquismo penal, los otros, al autoritarismo (algunos artículos de la nueva Ley de Tránsito, constituyen un buen ejemplo). Una tercera posición, representada por los minimalistas , pretende ver en el derecho penal la ultima ratio, lo que podría estar más acorde a los principios constitucionales de un Estado Democrático de Derecho como el nuestro. En esta línea se mueve el garantismo .
En defensa de la libertad. El garantismo promueve el respeto de los cimientos que soportan un sistema penal democrático, de tal forma que cuanto mayor sean los índices de criminalidad en una sociedad, mayor recelo debemos tener para evitar, movidos por un deseo de punibilidad desmesurada, que sean socavadas las bases que sostienen nuestra democracia.
El sistema penal está sostenido en varios pilares que no deben ser manoseados, pues es fácil caer en el error de pensar que si actuamos con “mano dura”, se terminará la criminalidad. La historia ha demostrado que en casos como estos, la única y gran perdedora es la democracia, porque ese mismo derecho penal antigarantista que se destina al “enemigo” se tornará en contra suyo, de sus hijos y de mí. No se trata de pensar que el garantista es ingenuo, que es un alcahueta de criminales, o un cobarde sin parangón, sino, más bien, de darse cuenta de que defiende el último recaudo de libertad que nos queda.
Pilares democráticos. Cuatro de estas columnas que sostienen nuestro sistema penal democrático, son:
El Principio de Dignidad de la Persona Humana , que es el fundamento mismo de los derechos humanos.
El Principio de Legalidad , en virtud del cual los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial están subordinados a la Constitución y a las leyes, y cuya observancia se halla sometida a control de legitimidad por parte de jueces independientes.
El Principio de un Juicio Previo conforme al Debido Proceso, y
El Principio de Presunción de Inocencia : todo imputado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta que se demuestre lo contrario.
Respeto constitucional. Por todo lo anterior, prefiero una sociedad en donde se respeten las garantías constitucionales, a una en la que los derechos del individuo se conviertan en los derechos del Estado, en donde las garantías de la persona, se transformen en incertidumbre, en donde el encarcelamiento preventivo sea la regla y en donde los principios democráticos se transmuten en antiprincipios.
