EscucharEse fue el titulo con que La Nación encabezó su principal reportaje, el 30 de junio del año pasado. Informaba que un 60% del total de los trabajadores costarricenses carecen de un título que certifique la conclusión de sus estudios de secundaria. Esto, frente al 90% de la conclusión de estudios de que goza la clase trabajadora en los países desarrollados.
Estar trabajando sin tener el título del colegio representa, sin lugar a dudas, una desventaja para los y las trabajadoras que necesitan y merecen mejores horizontes laborales. Y, por otra parte, no obtener un trabajo por carecer del diploma de bachiller o la certificación de cualquier otra formación técnica representa, además, una injusticia. Esa enorme cantidad de trabajadores con un nivel tan bajo de escolaridad se explica a partir de otra cifra dramática: solo 3 de cada 10 estudiantes que ingresan al primer grado concluyen sus estudios de secundaria.
Es hora de distinguir las respuestas que, desde la educación, ameritan los problemas, cuya raíz se encuentra en la falta de oportunidades para todos y todas las estudiantes, debido principalmente a la desigualdad social y la pobreza, de aquellos problemas asociados con las trabas impuestas por la vigencia de políticas y normas que resultan excluyentes.
Políticas de inclusión. El aporte de la educación al combate de la pobreza y el cierre de las brechas generadas por la creciente desigualdad social requieren políticas de inclusión que pasan por la apertura de más y mejores centros educativos, especialmente para adolescentes que necesitan cursar la educación secundaria. Esto implica tomar en cuenta, al menos, cuatro consideraciones:
1. Según el censo de infraestructura educativa del año 2010, la inversión que necesita el sistema educativo para cubrir el déficit en la materia asciende a los ¢500.000 millones. Al igual que en otros importantes proyectos pendientes en el país, se requiere echar mano del ahorro nacional con el fin de cumplir con el derecho a la educación de manera digna, por medio de la figura del fideicomiso.
2. La apertura de más y mejores centros educativos implica pensar en el fortalecimiento y ampliación de los servicios que actualmente prestan los programas de equidad del MEP, particularmente en alimentación y nutrición, transporte estudiantil, becas individuales (Fonabe) y transferencias monetarias condicionadas (Avancemos), este último a cargo del IMAS.
3. Un tema no menos importante es el del equipamiento tecnológico oportuno en el sistema educativo, que debe incluir las mejores condiciones de conectividad a Internet y su uso racional en el marco de estrategias pedagógicas apropiadas a cargo del personal docente. El país necesita una red educativa de banda ancha que abarque la totalidad del centro educativo y funcione en todas las escuelas y colegios. La Sutel debe compatibilizar su visión con la del Proyecto País en esta materia.
4. Con el fin de que los trabajadores activos concluyan sus estudios, es necesario articular los esfuerzos del MEP y del INA en la contextualización a la realidad nacional de una estrategia de educación dual, en combinación con las estrategias de responsabilidad social que lleva a cabo el empresariado costarricense. Esta iniciativa les permitiría a los trabajadores cumplir sus metas personales y a las empresas, contar con personal más calificado académica y técnicamente.
Pruebas nacionales. En cuanto al problema de las trabas impuestas por la vigencia de políticas y normas que resultan excluyentes, una de las más importantes son las llamadas pruebas nacionales. Las del año 2012 arrojaron los mejores resultados desde que se reinstauraron hace un cuarto de siglo, sin que hayan sido debidamente evaluadas. No obstante, el 30% de los estudiantes no aprobó una o más materias. Es decir, por lo menos 10.000 familias se sumaron a las miles de personas que, con gran frustración, vienen viendo sus esfuerzos estancados desde hace muchos años y, además, son invisibles porque el MEP no cuenta con un registro que permita saber cuántas son, quiénes son ni dónde están.
Varias preguntas. La reprobación mayoritaria se dio en la prueba de matemáticas, mientras el propio Ministerio de Educación cuenta con datos que señalan que, ante las mismas pruebas, solamente la tercera parte de los profesores de matemáticas fueron capaces de sacar el resultado holgadamente. Cabe preguntarse: ¿por qué les exigimos a todos los estudiantes resultados que el sistema educativo no está en condiciones de garantizarles?, ¿por qué miles de estudiantes adolescentes que cumplieron exitosamente con la totalidad de los programas educativos no pueden contar con un título que certifique esa conclusión satisfactoria de estudios?, ¿acaso no probaron su excelencia a lo largo de 12 o más años de constante dedicación a sus estudios, de manera ininterrumpida, desde su infancia?
Ante esta dura realidad, resulta razonable, justo y prudente desprenderse de ataduras ideológicas y burocráticas, colocando la responsabilidad en el sistema educativo, que debe procurar, junto con las universidades públicas y privadas, dedicarse de manera intensiva a la mejora de la calidad de la formación docente, siguiendo los mejores ejemplos de países como Finlandia y Singapur.
Educación diversificada. Mientras tanto, debemos avanzar en la certificación de la educación diversificada a los estudiantes que concluyan exitosamente los programas de estudio para que puedan disfrutar de la graduación con sus familias y, sobre la base de dicha certificación, sean reconocidos como bachilleres por las instituciones públicas y empresas. Asimismo, mantener la obligatoriedad de realizar las pruebas nacionales únicamente a los estudiantes que opten por continuar sus estudios universitarios, aunque quienes no los hagan y deseen continuar estudios superiores puedan tomar las pruebas cuando quieran. Se exceptuarían de las pruebas los y las egresadas de los colegios técnicos, quienes dedican un año adicional a su formación y cuentan con un título técnico que debería ser suficiente para su admisión en los centros de educación superior.
El problema del alto número de trabajadores sin educación secundaria, de personas sin trabajo por no tener un título y aquellas sin ningún tipo de formación vocacional debe ser atendido con estrategias que superen las visiones cortoplacistas de todos los sectores, incluyendo los políticos. La discusión debe ser abordada con generosidad, amplitud de miras y altas dosis de realismo acerca del futuro que nos espera como país, si somos incapaces de cerrar las actuales brechas sociales y económicas.
