EscucharEl Código Penal castiga las relaciones sexuales con menores de trece años como violación, no importan las demás circunstancias. La pena es prisión de diez a dieciséis años. La condena puede ser más severa si se produce un embarazo, se afecta la salud de la víctima o existe parentesco con el victimario, entre otras condiciones agravantes.
Las relaciones sexuales con una persona mayor de trece años y menor de quince, con consentimiento de la víctima, se castiga con cárcel de dos a seis años si no hay agravantes. No obstante, en el 2013 hubo 1.483 menores de 15 años que se convirtieron en madres y el Instituto Nacional de las Mujeres está insatisfecho por la limitada investigación de las circunstancias.
En el 2012, hubo 522 madres menores de 15 años pero solo llegaron al Ministerio Público 88 denuncias de comisión de un delito. Otra coincidencia inquietante es la cantidad de padres inscritos con edad desconocida y la forma en que su porcentaje aumenta cuando la madre es menor de 15 años.
La ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, solo se explica el bajo número de denuncias por la existencia de relaciones de dependencia y temor. Por eso solicita a la Caja Costarricense de Seguro Social indagar, en estos casos, las circunstancias del embarazo. También pide una actitud más enérgica al Tribunal Supremo de Elecciones, responsable del registro de nacimientos y, desde luego, al Poder Judicial.
El embarazo de niñas es una tragedia, a menudo amplificada por el parentesco u otras formas de cercanía con el victimario. Es una condena perpetua para la niña y su descendiente, cuando el embarazo a tan temprana edad no trunca sus vidas o produce otros daños en la salud.
Si hay delitos donde la impunidad es inadmisible, este es uno de ellos. Ningún esfuerzo es excesivo para esclarecer los hechos y castigar a los autores cuando sean imputables. El llamado del Ministerio de la Condición de la Mujer y los datos del último informe del estado de los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica no deben pasar inadvertidos.
La cantidad de embarazos documentados invita a sospechar el número de violaciones cuyo resultado no engrosa los registros analizados por los autores del informe y tampoco llegan a conocimiento de las autoridades judiciales. Si en presencia de un embarazo las circunstancias de dominación y miedo llevan a ocultar la identidad del victimario, con mucha mayor razón operarán esos factores si la víctima no resulta embarazada.
La agresión sexual, desde luego, no solo la sufren las niñas. Los datos también invitan a pensar en la cantidad de agresiones sexuales cometidas contra niños en la más completa impunidad. En uno y otro caso, desde luego, los abusos no se limitan a la violación y el estupro. Se extienden, también, a la corrupción y otros delitos.
Las cifras del informe sobre el número de niñas embarazadas centran la mira en ese problema específico, pero abren una ventana desde donde se atisba una tragedia todavía más grande. Solo en el 2013, el Poder Judicial recibió 3.500 denuncias de abuso sexual contra menores de dad.
Todas las autoridades deben estar en alerta permanente, pero es preciso fortalecer la educación de los núcleos familiares y de los propios menores para que sepan adónde acudir con las denuncias y el tipo de protección disponible.
Romper las cadenas del miedo es condición indispensable para combatir estas atrocidades. Es un hecho bien conocido y estudiado, pero es preciso insistir en él, porque el silencio alienta a los victimarios y somete a las víctimas, en muchos casos, a años de vejaciones. Es imposible creer que los cientos de embarazos documentados por el Ministerio se produjeran durante el primer contacto.
