El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) es un ícono de la democracia costarricense. La conducción precisa de procesos electorales y del funcionamiento del sistema de registro ciudadano, entre otros, lo ubican como un referente mundial.
Por su legado, sólidos atributos y capacidades, Costa Rica urge que su institución electoral asuma el reto que el advenimiento de la sociedad de la información y el conocimiento conllevan.
Los valores que ese fenómeno ha habilitado en la población del país, su economía y su sistema político han abierto peligrosas grietas entre las aspiraciones de la nación y los mecanismos de toma de decisiones del Estado.
Las tecnologías digitales son habilitadoras potentes para acelerar el tránsito desde una democracia del siglo XX, sustentada en la elección ordenada y transparente de autoridades, a una que, además, permita una activa participación ciudadana en las decisiones del Gobierno y del Estado, la democracia del siglo XXI.
Sostengo la hipótesis de que el TSE tiene la responsabilidad de dotar a Costa Rica, con extrema urgencia, del modelo y la plataforma de voto electrónico como condición necesaria para hacer converger las aspiraciones ciudadanas con el funcionamiento del Estado.
El diseño de ese modelo, su regulación y la plataforma tecnológica asociada deben permitir procesos de elección o consultas populares frecuentes, con participación ciudadana amplia, desde cualquier sitio y mediante múltiples medios o dispositivos, con autenticación simple, económica y altamente segura.
Para ello, es fundamental que el TSE integre la operación de sus sistemas de registro civil con los sistemas y plataformas de la firma digital, pues la identidad personal tiene hoy una dimensión física y una digital totalmente homologadas. También resulta necesario migrar a un formato de “documento de identidad” que integre lo físico y lo digital, e incorpore la autenticación para firmar digitalmente.
Urge implementar procesos digitales de votación en tiempo real para elección de autoridades, para consultas ciudadanas en torno a la creación o derogación de leyes, dar o revocar mandatos a instituciones o autoridades, y realizar consultas ante problemas o decisiones complejas, tanto nacionales como locales.
Esas plataformas son, reitero, indispensables para viabilizar ese tránsito, tanto a una sociedad sustentada en la información y el conocimiento, como en los nuevos paradigmas de la democracia en el siglo XXI.
Alexander Mora Delgado, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).