EscucharDe acuerdo con el informe del Programa Estado de la Nación (PEN) del 2020, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) detectó graves fallas en 53 acueductos.
La Aresep reveló en el 2021 que la capacidad hídrica de un 66 % de los acueductos se redujo y un 34 % muestra algún grado de estrés hídrico, es decir, disponen de menos agua de la requerida para abastecer a su población meta.
La situación amenaza la calidad de vida de la población, la construcción de viviendas y la actividad productiva, y, consecuentemente, el empleo y la competitividad. La Gran Área Metropolitana y ciudades como Limón, Alajuela, San Isidro de El General en Pérez Zeledón, San Ramón, Liberia y Puntarenas se verían sometidas a racionamientos.
Entre las principales causas de la posible futura escasez está el que entre el 50 y el 55 % del agua producida se pierde debido a mediciones deficientes e inexactas y conexiones clandestinas, fugas visibles y no visibles en redes y acometidas, rebalses, daños en cañerías por obsolescencia de materiales y permisos especiales para conexiones no facturadas en precarios y para hidrantes.
Otros riesgos asociados los ocasionan la gran vulnerabilidad y las fallas en estaciones de bombeo, debido a instalaciones que cumplieron su vida útil y al riesgo de roturas por presiones elevadas en la red, relacionadas con la quebrada topografía del país.
Así como se esgrimen dificultades y altos costos en encontrar nuevas fuentes y habilitarlas para consumo humano, se afirma que con la misma agua que producimos hoy es posible responder a la demanda futura, si se hace un uso más eficiente de los recursos.
En el 2015, el país obtuvo un préstamo del BCIE por $130 millones y una donación de $2,2 millones del Banco KfW, de la Cooperación Internacional de Alemania, y se comprometió a aportar $30,1 millones para ejecutar el Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética, con el fin de modernizar las capacidades tecnológicas y el recurso humano de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para solventar las pérdidas de agua y el peligro de fallo en sus estaciones de bombeo.
El V Proyecto de Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Orosi 2, y su enorme inversión pierden sentido si no existe trabajo serio para acabar con el problema del agua no contabilizada y mejorar la eficiencia energética.
Según los informes de seguimiento sobre créditos externos del Ministerio de Hacienda, el AyA es la institución que más dificultades enfrenta a la hora de ejecutar los préstamos y, en promedio, tarda ocho años en hacerlo.
Por las razones de siempre, el Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética (RANC-EE) sufrió durante los dos últimos gobiernos retrasos. Además de la baja productividad, no hubo avances sustantivos en el uso de los fondos.
Como consecuencia de estas realidades, el gobierno actual debe acelerar la ejecución del proyecto RANC-EE, no debilitarlo, pues hay bienes adquiridos con los recursos del préstamo. En caso contrario, debería informar cuál es el plan B para prevenir el desabastecimiento advertido por la Aresep en el informe del 2021.
Es hora de ponderar lo que está en juego, la necesidad de enderezar la gestión inoperante y fortalecer la institucionalidad para evitar las consecuencias ahora que estamos a tiempo.
El autor es docente universitario.
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Entre las principales causas de la posible futura escasez de agua están las fugas. (Alonso Tenorio)
