Una conquista de madres e hijos

Es un excelente instrumento de solidaridad responsable y un buen ejemplo de legislación que resuelve problemas.

Por muchos años, la sociedad costarricense había contemplado impasible cómo un alto porcentaje de los niños que nacían no contaban con un padre declarado. En consecuencia, no recibían el apoyo de su progenitor para su sustento y adecuado desarrollo, ni –menos aún– su cariño, lo cual limitaba sus oportunidades de superación personal y acrecentaba los problemas de pobreza.

El voluntariado de Lorena, mi esposa, en los Hogarcitos para acoger a niños declarados en abandono nos había sensibilizado desde muy temprano al dolor y las angustias de las madres y los pequeñitos a quienes el padre abandona.

Por eso, desde 1987, en el momento mismo de plantear mi primera candidatura a un puesto de elección popular, manifesté que el país debía solucionar la falta de apoyo de tantos padres a sus hijos.

Era un tema que podía hacernos perder apoyo de un fuerte sector del electorado, me advirtieron muchos amigos. Pero la exigencia moral era tan grande que no dudé en tratar de crear conciencia sobre esa dura condición.

Además, el problema se estaba agravando y los procedimientos para el reconocimiento de paternidad eran engorrosos, lentos y caros, lo cual generaba pocas denuncias, aunque casi la totalidad de las presentadas eran declaradas con lugar (98% en 1999). Esto privaba del apoyo para su sustento a la gran mayoría de esos niños.

En la campaña de 1998 propusimos una intervención subsidiaria del Estado para garantizar la pensión a cargo del padre en favor de madres e hijos, y que el Estado adquiriera los derechos para recuperar su importe con un trámite expedito en los tribunales.

Trabajo conjunto. Ese proyecto no logró apoyo legislativo, pero Lorena hizo de este problema parte de sus prioridades de trabajo como primera dama y volvimos a la carga. Creamos una comisión especial para proponer una solución, con el apoyo de universidades públicas, organizaciones del voluntariado, tribunales de familia y especialistas en el tema.

Esa comisión logró formular una propuesta muy superior a la que se había planteado en campaña, y el 3 de agosto del 2000 enviamos a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Paternidad Responsable.

La exposición de motivos señala que: “El ejercicio de la paternidad responsable se sustenta en la premisa de que la atención, la protección y, en general, el proceso de crianza de todo niño o toda niña son labores y responsabilidades compartidas entre el padre y la madre (…) la paternidad se constituye en una función social básica para garantizar la satisfacción de necesidades económicas y materiales del niño o de la niña y la satisfacción de necesidades afectivas y emocionales a fin de garantizar su desarrollo integral”.

Solución creativa. Para lograr ese objetivo, esta ley estableció un sistema sencillo, pero altamente eficaz. La madre de una niña nacida o de un niño nacido fuera de matrimonio y que no es voluntariamente reconocido o reconocida por su padre, tiene la potestad de indicar administrativamente quién es el presunto padre, al cual se le notifica esa declaración y se le brindan diez días hábiles para aceptarla o rechazarla.

Si la acepta, se inscribe al bebé con los apellidos de ambos progenitores y el padre queda obligado a contribuir en su manutención. Si la rechaza, el presunto progenitor debe someterse a una prueba de ADN, que determinará si es el padre. En caso de resultado positivo, o si el presunto padre se niega a realizarse la prueba, se inscribe al bebé con el apellido del padre y de la madre, y aquel queda obligado a pagar la pensión alimentaria, así como parte de los gastos de la madre durante el embarazo, la maternidad y la alimentación de la criatura durante su primer año de vida.

Los exámenes respectivos son gratuitos y cubiertos por el Estado, en el laboratorio especializado que con ese objetivo se estableció en la Caja Costarricense de Seguro Social, inaugurado el 1.° de febrero del 2002 y cuyas funciones se iniciaron el 17 de junio de ese año.

El padre que no haya utilizado los mecanismos probatorios que se le ofrecieron en este procedimiento administrativo puede recurrir a los Tribunales de Justicia, pero en el ínterin deberá contribuir a la manutención de la niña o del niño. De este modo se trasforma el sistema de presunciones del derecho de familia, que viene desde la antigüedad romana, favoreciendo los derechos de los bebés y las madres.

Es una legislación pionera en el mundo en el tema de familia. En su visita a Costa Rica, en el 2002, el entonces secretario general de las Naciones Unidas y premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, manifestó que tomaría la Ley de Paternidad Responsable como ejemplo para el mundo.

Resultados contundentes. Cuando iniciamos la lucha por este tema, en 1987, el 21,2% de las inscripciones de los nacimientos eran de “padre desconocido”, como ignominiosamente se les denominaba antes de que Lorena luchara por cambiar a la denominación de “padre no declarado”. Para el año 2000, había subido al 31,1%, casi un tercio del total.

Con la Ley de Paternidad Responsable en el 2002 solo un 8,3% aparecía como de padre no declarado, y fue bajando hasta un 6,7% en el 2007. Pero –probablemente por falta de información a las madres– este porcentaje ha vuelto a aumentar hasta el 8,1% en 2014 y un estimado del 9,4% para el año pasado.

Esta es una llamada a de atención para el Instituto Nacional e las Mujeres (Inamu), como ente encargado de las políticas de paternidad responsable.

De las 25.004 pruebas de ADN realizadas, más de tres cuartas partes confirmaron al padre declarado por la madre.

De haberse mantenido la situación existente hace 15 años, en este período 237.886 niños y niñas no tendrían hoy el derecho de conocer quién es su padre y contar con su apoyo, que han obtenido gracias a la Ley de Paternidad Responsable.

Ojalá el 15.° aniversario de esta conquista de madres e hijos sirva para recordarnos que, con diálogo, compromiso y creatividad, sí podemos dar soluciones a problemas de vieja data.

El autor fue presidente de la República de 1998 al 2002.