EscucharRecientemente se ha presentado un proyecto de reforma a la Ley de Pensiones Alimentarias y ante la confusión que puede darse sobre esta realidad, en necesario recordar los alcances de esta normativa.
El derecho alimentario se encuentra establecido en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y prevé la privación de libertad de quienes incumplan sus obligaciones como garantía para el pago de alimentos. Esto por cuanto estamos hablando de la subsistencia de las poblaciones más vulnerables, las niñas y los niños.
Las pensiones alimentarias deben contextualizarse en la realidad nacional. Según el INEC y el Programa Estado de la Nación, en Costa Rica, la tasa de participación laboral es de un 73.5% para hombres frente al 40.7% para mujeres: solo 4 de cada 10 mujeres tienen un trabajo remunerado; 9 de cada 10 patronos son hombres y solo 1 de cada 10 es mujer; mientras que la tasa de desempleo abierto de las mujeres llega al doble de la de los hombres.
En nuestro país, el trabajo informal sin beneficios sociales, los trabajos de medio o un cuarto de tiempo, los trabajos temporales y los bajos salarios afectan 3 veces más a las mujeres: de ahí la importancia de que quienes diseñan políticas públicas conozcan estas dimensiones sociales en materia de pensiones.
Proyectos como el que nos ocupa, ignoran las cargas laborales socialmente asignadas a las mujeres. Según el INEC y el INAMU, en Costa Rica, las mujeres dedican en promedio, 300 minutos diarios a labores de cuido, y los hombres 83 minutos; casi un tercio de la población, son personas menores de 14 años.
Si un niño o niña no come hoy, no estudia hoy, no se desarrolla hoy, nada que hagamos posteriormente podrá corregir esa situación. El pago de intereses por atraso en la obligación alimentaria, de poco sirve, por cuanto el proyecto de vida de esa persona queda afectado de manera irreparable.
El apremio corporal. Los 75 juzgados de Pensiones del país tramitaron, al 2012, 138.410 asuntos como circulante activo. Anualmente, las causas aumentan entre un 7% y un 12%, (34.184 causas nuevas en el 2012). Las causas permanecen en ejecución, entre 18 y 25 años, tiempo promedio del derecho a recibir alimentos. Esto coincide con que la mayoría de las pensiones son solicitadas para personas menores de edad por sus madres.
El proyecto mencionado, induce a pensar que los tribunales utilizan el apremio de manera indiscriminada, cuando la realidad es otra. A pesar de las miles de causas activas (138.410) y de la solicitud de más de 100 apremios corporales diarios, en Goicoechea, que es el despacho de mayor circulante en el país, al 22 de octubre del 2013 había detenidas por impago de pensión 263 personas. Sin duda alguna, el apremio corporal como mecanismo coactivo para el cumplimiento de la obligación es efectivo en la gran mayoría de casos.
El proyecto tampoco refiere a las circunstancias particulares de los recluidos por esta razón. Según el “Informe del 2011 de la Defensoría de los Habitantes”, con base en datos recopilados por el estudio de la Msc. María Ester Brenes, los recluidos en el módulo de pensiones de La Reforma están separados según sus condiciones. El pabellón A ubica a personas con problemas de drogadicción y alcoholismo. En ese estudio del 2011, se afirma que el 90% de esta población ingresó a la Unidad de Apremiados Corporales por cuanto sus propias madres interpusieron las demandas correspondientes por tener problemas de drogadicción. A igual conclusión arribó la Msc. Brenes, quien en el primer semestre de este año corroboró que, de los 263 recluidos por pensiones, 80 estaban en este pabellón, con problemas de adicción a drogas y alcohol.
En conclusión. Una cantidad importante de personas bajo apremio corporal por impago de pensión, en realidad, están allí por una inoperancia de otros sectores del Estado que aún no han generado una solución a los problemas de drogadicción y alcoholismo que causan disfunción familiar, comunal y social, e importantes situaciones de violencia doméstica. El estudio de la Defensoría de la Mujer, del 21 junio de 2012 en el II Circuito Judicial de San José, determinó que el 60% de las encuestadas ven en el apremio corporal la única forma de lograr el pago de la cuota alimentaria.
Lleva razón la jueza Msc. María Esther Brenes cuando afirma que: “Existen estereotipos sexistas contra las mujeres que utilizan este medio coercitivo para obtener el pago de la cuota alimentaria, este no pago constituye violencia patrimonial con las consecuentes violaciones al derecho humano a la vida de las personas beneficiarias. Si traigo hijos o hijas al mundo de forma consciente o inconsciente, en cualquier caso, soy responsable de proveerles las mejores condiciones de desarrollo a mi alcance”.
Lo privado es responsabilidad tanto de mujeres como de hombres, lo privado es también político; de ahí los esfuerzos institucionales del Poder Judicial por redireccionar su presupuesto para un adecuado funcionamiento de esta materia, en la que el apremio corporal ha sido fundamental en la efectividad de la ley y como garantía del acceso a la justicia de los grupos más vulnerables de nuestra población.
