EscucharNUEVA YORK – Cuando era una niña en crecimiento en la Polonia comunista, se veía el Día Internacional de la Mujer como una oportunidad para celebrar las contribuciones y los logros de las mujeres. Sin embargo, era una celebración insustancial. Al día siguiente, las mujeres volvían a sus vidas de oportunidades limitadas. Ningún festejo de un día puede hacer mucho por corregir la discriminación que perdura durante varias generaciones.
El impacto del régimen internacional de políticas para la lucha contra las drogas refleja esta realidad. En la cadena de suministro de drogas general-mente las mujeres se encuentran en la parte inferior, es decir, a menudo ellas participan como “mulas”. Cuando una mujer es atrapada, a pesar de que en la mayoría de los casos es una delincuente no violenta que comete ese delito por primera vez, ella se enfrenta a una sentencia mínima obligatoria muy dura.
Para los traficantes, estas mujeres son prescindibles. Rara vez se constituye una fianza durante su defensa, o se contrata un abogado, debido a que ellas no tienen valor alguno dentro de las estructuras de tráfico de drogas. Y estas mujeres que carecen de conocimientos y recursos para navegar por el sistema de justicia penal son abandonadas a su propia suerte.
Es también posible que no tengan el tipo adecuado de información para negociar con las autoridades y lograr así una sentencia más leve.
Más mujeres son enviadas a la cárcel por delitos de drogas que por cualquier otra violación a la ley. Tan solo en América Latina, ellas representan el 70% de las mujeres en prisión. El impacto en el tráfico de drogas que tiene la encarcelación durante una década de una mujer que llevó drogas es minúsculo; pero el efecto sobre las mujeres y sus familias es devastador e irreversible.
La primera vez que me di cuenta de los efectos que tienen las políticas de drogas en las mujeres fue cuando viajé a Tayikistán y Kirguistán tras el colapso de la Unión Soviética. En las montañas de Kirguistán, había pueblos enteros donde no se veía ni un solo hombre; todos los hombres se habían convertido en trabajadores migrantes en Rusia.
Al cabo de dos años de la independencia de Kirguistán, las cárceles estaban llenas de mujeres encarceladas por cargos de tráfico de drogas. Estas eran mujeres comunes, algunos de ellas eran mujeres rusas de edad madura o babushkas que vestían velos. Cuando conversé con los altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, me dijeron que las mujeres contrabandearon drogas desde Afganistán para poder comprar zapatos y libros de texto. Para el sistema de justicia penal de Tayikistán y Kirguistán, ellas eran las personas más fáciles de alcanzar en la recientemente lanzada guerra contra las drogas.
Las mujeres en tales circunstancias se enfrentan a un doble castigo: la pérdida de su libertad y la pérdida de sus familias. Ser condenadas por un delito relacionado con las drogas a menudo significa perder la custodia de los hijos. Si la mujer que es enviada a la cárcel es la cabeza de un hogar monoparental y sus hijos son colocados en hogares sustitutos, o si está embarazada al entrar en la cárcel, es probable que ella nunca vuelva a ver a sus hijos.
Las mujeres pueden ser víctimas de las leyes destinadas a combatir las organizaciones de tráfico de drogas. Muchas han sido acusadas de conspiración simplemente por estar con un hombre involucrado en la venta de drogas. En algunos estados de EE. UU., las personas solicitantes de asistencia pública, que suelen ser mujeres en su mayoría, tienen que someterse a pruebas de drogas. En muchos países, los protocolos de tratamiento de drogas prácticamente garantizan que las mujeres con hijos no puedan recibir servicios.
En gran parte de Asia central, una persona drogodependiente tiene que registrarse con las autoridades para recibir tratamiento, lo que automáticamente hace que las mujeres estén en riesgo de perder la custodia de sus hijos. En Europa del Este, la mayor parte de los tratamientos de drogas disponibles se llevan a cabo a través de programas a largo plazo en centros alejados de las localidades urbanas, y que no ofrecen servicios de cuidado de niños. Pocas mujeres son capaces de dejar durante seis meses o más el cuidado de sus hijos o de sus padres con el propósito de ingresar a este tipo de instalaciones.
La criminalización y estigmatización de las mujeres que usan drogas ilícitas significa que son menos propensas que los hombres a autoidentificarse como personas que necesitan ayuda debido a la dependencia de drogas. Esto ayuda a explicar el bajo número de mujeres que utilizan los servicios.
De la misma manera que en algunas culturas una mujer come solamente cuando los hombres y los niños han terminado, ella se inyecta con jeringas que su pareja ya ha utilizado, lo que la pone en mayor riesgo de contraer el VIH o hepatitis C. La superposición significativa entre el trabajo sexual y el abuso de drogas también coloca a las mujeres en una situación de mayor riesgo.
Los regímenes nacionales de drogas, por otra parte, se aprovechan de las vulnerabilidades de las mujeres en todo el mundo.
Me senté una vez con un funcionario en un aeropuerto de Londres, quien apresó a una mujer de Kenia que traía cocaína al Reino Unido. La persona que la reclutó le había dicho que si la detenían simplemente la enviarían a casa sin repercusiones, porque ella era mujer y madre.
En realidad, el medio kilo de cocaína se tradujo en una sentencia obligatoria de diez años para la mujer. Una vez encarceladas en el extranjero, tales madres carentes de todo tipo de apoyo legal o recursos económicos, muy frecuentemente no tienen ningún contacto con sus hijos que se encuentran en sus países de origen.
Parte de los esfuerzos por reformar la política de drogas debe abordar las fallas sistémicas en la justicia penal, la atención de la salud y las prestaciones de bienestar que exacerban la situación de las mujeres atrapadas en el fuego cruzado de la guerra de las drogas.
El tipo de política que proporciona cuidado de niños para las mujeres que buscan tratamiento farmacológico puede ser un anatema para los virtuosos inquilinos de las altas esferas morales. Sin embargo, hasta que comencemos a mirar la política de drogas a través de una lente que sea sensible a los asuntos de género y nos enfoquemos en la reducción de daños, vamos a seguir luchando una guerra contra las drogas que de por sí ya está perdida, una guerra en la que generaciones de nuestras más vulnerables mujeres y niñas son las víctimas.
Kasia Malinowska es la directora del Programa de Políticas Globales sobre Drogas en las Fundaciones para una Sociedad Abierta. © Project Syndicate 1995–2016
