EscucharMás de 300.000 personas trabajan actualmente en 325 instituciones que conforman el sector público. Esto significa el 15% de la fuerza laboral de Costa Rica y representa un 26% del gasto total del sector público, es decir, más del 11% del PIB. Aun así, los gastos en salarios del sector público crecen aceleradamente, con el agravante de que ningún Gobierno se ha atrevido a poner orden y coto.
Con la apertura y cambio de modelo de nuestra economía, muchas instituciones quedaron rezagadas e inoperantes, pero seguimos creando otras sin financiamiento, y sin valorar y mejorar la labor de las existentes. Con el crecimiento del sector público se desarrolló una diversidad de marcos legales con graves disparidades. Los incentivos al desempeño alcanzan al 99% de los empleados. La multiplicidad de instrumentos jurídicos ha hecho complejo el ordenamiento o la reestructuración del sector público en materia de empleo y funcionalidad.
Hoy tenemos instituciones que están bajo el estatuto del Servicio Civil y/o la Autoridad Presupuestaria, instituciones autónomas totalmente libres, reglamentos internos de trabajo complejos y otras regulaciones. En el sector público, en materia laboral, no ha habido políticas claras y uniformes para regular los perfiles, el desempeño, los incentivos y los regímenes de disciplina. Hay 47 instituciones que pertenecen al régimen del Servicio Civil y, bajo convenciones colectivas de trabajo, hay 20 instituciones y 51 municipalidades, que representan el 42% de los empleados del sector público.
Servicio Civil. El sector público necesita un alto profesionalismo y gran eficiencia, pues un Estado eficiente asegura un buen desenvolvimiento de la iniciativa privada y de la economía. Sin embargo, el clientelismo político y una inamovilidad malentendida han creado, junto con una maraña de leyes y reglamentos, un Estado obsoleto e ineficiente. El régimen del Servicio Civil (RSC) se creó para poder buscar el mejor talento humano y evaluar el rendimiento. Pero todos esos objetivos se han debilitado por el desorden existente en el sector laboral. Hoy, en el Gobierno, prácticamente todos los jefes le dan una calificación de “muy bueno” o “excelente” al 99% de los empleados. Por incentivo de desempeño, solo el Gobierno Central va a gastar más de ¢20.000 millones en el 2015. Por otra parte, una sanción a un empleado público puede durar un promedio de dos años o más.
Es importante destacar que, desde los años ochenta, muchos países europeos hicieron importantes reformas al sector laboral público, buscando agilidad y eficiencia. Estos cambios lograron más transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos y un aumento en la calidad de los servicios. En la mayoría de los países, la selección, evaluación y reestructuración fueron descentralizadas ordenadamente y bajo directrices claras. Sin embargo, en Costa Rica no hemos logrado, en los últimos 25 años, hacer los cambios necesarios a nuestro RSC para lograr una mayor competitividad, pese a que no podemos seguir con la actual estructura rígida e ineficiente del RSC. En el sector público debemos establecer incentivos, pero con una evaluación estricta y objetiva, y en función de los méritos. La transparencia debe ser prioritaria.
Las políticas de ingreso y seguridad para el empleado eficiente deben permanecer, pero el mundo cambió: las necesidades de recursos son dinámicas y los perfiles del personal deben modificarse.
Autoridad Presupuestaria. La Autoridad Presupuestaria (AP) se creó para formular las directrices y lineamientos de la política presupuestaria, con base en los recursos y el programa macroeconómico. Su razón de ser es racionalizar el empleo y limitar su crecimiento injustificado, pero la vinculación y asesoría en política salarial solo es aplicable para las entidades bajo su jurisdicción. Un 13% de las entidades del sector público no están dentro del ámbito de la AP y tienen un gran peso específico en el gasto total.
Instituciones como bancos, el ICE, la CCSS, Japdeva, la ESPH, Racsa, la CNFL, el INS, Recope, las universidades públicas, el Poder Judicial, el Legislativo y otras entidades no menos importantes tienen distintos grados de autonomía, con sus propios pluses y escalas salariales. Se trata de instituciones donde la antigüedad, carrera profesional, disponibilidad, salarios en especie, pagos por riesgos, sobresueldos, pagos de extras, salarios base y bonificaciones, entre otros, han creado una estructura salarial con altos costos y sin reglas claras para medir la eficiencia.
Empleo público. Debido a este panorama tan preocupante, hoy tenemos en Costa Rica un sector público cuyo empleo crece aceleradamente, y los salarios son el principal motor del gasto público. En el Gobierno Central, las remuneraciones significan el 38% del total de gastos y, en todo el sector público, el 26%. En los últimos siete años, las remuneraciones del Gobierno Central crecieron del 5% al 7,2% del PIB, con un incremento real de un 50%, debido a nuevas contrataciones y a un crecimiento real de los salarios, con diferencias superiores, en promedio, del 100% respecto al sector privado: en el sector privado, el salario promedio es de ¢380.000 mensuales y, en el sector público, de unos ¢800.000.
No podemos seguir con esta política expansiva de salarios, debido a anualidades y pluses. El déficit proyectado para el 2015 es de un 6,7% del PIB, que, a su vez, producirá irreversiblemente mayor inflación, menor disponibilidad de crédito para el sector privado, mayor devaluación y mayor deuda, con lo cual se generará una desestabilización macroeconómica, con menor empleo y mayor pobreza. No es justo seguir manteniendo pluses por más de ¢145,000 millones en el presupuesto del 2015 para pagar el buen desempeño, suplencias, horas extras y dedicación exclusiva. Definitivamente, se deben ordenar los salarios y establecer el salario único.
Es hora de buscar una mayor voluntad política para modificar los salarios del sector público, haciendo correcciones drásticas y respetando los derechos adquiridos. El actual desorden solo nos puede llevar a una mayor desestabilización, con graves deterioros sociales. Se trata de ordenar y paralizar la expansión en cantidad de empleo y en salarios. Lo importante es lograr un Estado más eficiente, con servicios de calidad y funcionarios públicos bien remunerados y comprometidos, todo dentro de una política nacional de austeridad. La situación fiscal para el 2015 hace insostenible la actual expansión del gasto en el empleo público y la inamovilidad.
Un solo régimen. La Constitución Política establece en los artículos 192 y 191 la regulación y relaciones del Estado con todos sus empleados. La Constitución consigna, también, la protección al trabajador, la contratación basada en méritos y la creación de un solo régimen de empleo. Un solo régimen en el que el Estado es el único patrono. Entes o empresas estatales e instituciones autónomas deben quedar dentro de las regulaciones del empleo público y los lineamientos de la AP. Volvamos a darles a la AP, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección del Servicio Civil, la capacidad de ordenar el empleo público. Mantener la situación de privilegios y la falta de mediciones es insostenible. Lo que debe prevalecer hoy es la austeridad, la disciplina, el orden y la solidaridad.
