EscucharEl mundo cambió con la llegada de la covid-19. Las economías, de repente, son más pequeñas, los ingresos fiscales de los países se encogieron y cambiaron las prioridades del gasto público.
La primacía del gasto estatal en enero no es la misma de hoy. Aquí y afuera, valoramos, como nunca antes, contar con sistemas de salud y educación pública sólidos y de primera calidad.
En el 2020, la suma de todos los presupuestos públicos, aprobados antes de la pandemia, es de unos ¢29,7 billones. Ese monto incluye al Gobierno Central (36 %), las instituciones descentralizadas no empresariales (23 %), las empresas públicas no financieras (18 %), las instituciones públicas financieras (13 %), los órganos desconcentrados (6 %) y los gobiernos locales (2 %).
En el Congreso, muchos diputados reconocen la necesidad de ajustar el presupuesto del Gobierno Central a las disminuidas posibilidades del fisco. Sin embargo, otros no parecieran comprender que la cobija se encogió, y hacen pedidos de ayudas, exoneraciones, moratorias tributarias y subsidios para ciertos sectores.
El presupuesto que procuran modificar en la Asamblea Legislativa, aprobado por los mismos diputados en noviembre pasado, antes del embate del virus SARS-CoV-2, alcanza ¢10,5 billones. Poco más de un tercio del total.
¿De dónde, entonces, sacar la plata para esas ayudas y, además, contener el déficit?
Con el concurso y apoyo de la Contraloría General de la República y del ministro de Hacienda, me permitiré sugerir a los diputados efectuar una revisión integral del gasto presupuestado del sector público total, y no solo el del Gobierno Central.
Para repriorizar y ordenar de manera integral y sostenida las finanzas públicas, se puede y debe hacerse mucho más.
La cobija se encogió. Las prioridades cambiaron. Reexaminemos todo el gasto público.
albertofrancomejia@hotmail.com
El autor es economista.
