Con una diferencia de poco más de once años, son notables las similitudes que presentan entre sí el Informe de la Comisión Especial Presidencial de Reforma Política –publicado en La Gaceta N.° 192 del 5 de octubre de 2001– y el Informe Final de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática, dado a conocer a la opinión pública el pasado 17 de enero de 2013.
Diferencia notable entre uno y otro: el proceso de consulta efectuado por la Comisión Especial Presidencial de Reforma Política (2001), el cual, fue más amplio que el realizado por la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática (2013).
Hoy los medios de comunicación social coinciden en anunciar a los costarricenses lo mismo que sucedió en aquel entonces, luego de numerosos debates y foros políticos, académicos, así como en los distintos medios de comunicación: “Informe de Notables sin acuerdo en el Congreso”. Al igual que entonces, tampoco hay acuerdo fuera del Congreso. Notable es hoy el vacío de liderazgo político y de gobierno.
Por supuesto que ambos informes son valiosos, al igual que los Informes del Estado de la Nación , y el denominado Informe Agenda Nacional propuesto el mes de enero pasado por parte de un reconocido grupo de cuarenta costarricenses, así como otros elaborados por comisiones adscritas al Ministerio de Planificación Nacional; muchos de ellos financiados con fondos de organismos internacionales.
Hoy el Gobierno busca –irresponsablemente y con ayuda de sus acólitos– la imposición de todo o parte del contenido del Informe de los Notables mediante un uso demagógico del referendo. Se abandona la ruta del diálogo inteligente. Mientras tanto, la ciudadanía percibe estos debates absolutamente ajenos a la realidad cotidiana que enfrenta la mayoría de los costarricenses.
Observadores acuciosos e informados podrán concluir –ciertamente– que las propuestas hechas en ambos informes son “ideas viejas presentadas en cofres nuevos”. Efectivamente, muchas de ellas originadas en el profundo debate que con inteligencia y liderazgo llevaron a cabo las Comisiones de Reforma Electoral, periodos legislativos 1990-1994 y 1994-1998.
Algunas de ellas convertidas en realidad:
i)La cuota femenina del 40% en las estructuras internas de los partidos políticos, así como en las papeletas presentadas para puestos de elección popular, aprobada en 1990.
ii) La reforma constitucional y electoral de 1996 (garantías para la designación de autoridades y candidatos en los partidos políticos conforme a principios democráticos y sin discriminación de género, garantías de pluralismo político y de representación para las minorías, garantías para facilitar el ejercicio del sufragio, mejoras en el sistema de contribuciones públicas y privadas para sufragar los gastos de los partidos políticos, mejoras institucionales en la organización del sufragio, regulación de la propaganda electoral, régimen de sanciones, etc.
iii) La reforma constitucional años 2000 a1 2002, introduciendo la iniciativa popular, el referéndum, y los principios de transparencia, rendición de cuentas y evaluación de resultados de la gestión pública.
iv) La reforma integral al Código Electoral del 2009 (principios generales del derecho electoral comparado, principio de paridad de género en las estructuras partidarias y papeletas de elección popular, deberes y derechos de los miembros de partidos políticos, exigencia de órganos de fiscalía, auditoría, de elecciones internas, y ética y disciplina en los partidos políticos, principios e institutos de justicia electoral, voto en el extranjero, y la creación del Instituto de Formación y Estudios para la Democracia (IFED).
Para resolver disfuncionalidades democráticas para un mejor liderazgo y toma de decisiones, hoy debe implementarse a nivel legislativo lo siguiente: la carrera parlamentaria; papeletas de lista bloqueada y abierta que permita un equilibrio entre ciudadanía y partidos políticos a la hora de la escogencia de candidatos(as) idóneos a puestos de elección popular; mejor institucionalización y democracia interna de los partidos políticos que contribuya al rol básico que deben cumplir en una democracia funcional y eficiente; mejoras sustanciales en la contribución pública y privada para el financiamiento de los gastos de los partidos políticos, así como incentivos a los donantes; y mejor capacitación de la ciudadanía en los mecanismos de denuncia, participación y control para exigir rendición de cuentas, transparencia y evaluación de resultados a los gobernantes electos, autoridades políticas y jerarcas públicos.
Con liderazgo, experiencia y credibilidad sí es posible identificar cuáles son las disfuncionalidades sistémicas de nuestra democracia, y resolverlas acorde con nuestra historia de tradición democrática, respetando nuestra idiosincrasia, sin descuidar en absoluto los valores y principios de nuestro Estado social y democrático, originado en la Constituyente de 1949.