EscucharEl pasado 20 de noviembre se cumplieron 24 años desde que la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña (CDN), en la que los Estados partes se obligan, en forma directa, a “adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos en ella reconocidos” (Art. 4).
A casi un cuarto de siglo de este hecho histórico, debemos reconocer algunos avances en nuestro país: buena legislación acorde con la doctrina de la protección integral, tribunales especializados de niñez y adolescencia y de justicia penal juvenil, trabajo de organizaciones no gubernamentales apropiadas para los temas, institucionalidad conocedora de la población menor de edad, entre otras.
No obstante, es motivo de gran preocupación que no se han tratado las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, presentes en los cuatro informes que el Estado de Costa Rica ha enviado. Especialmente, si se trata de un tema que es vital para el desarrollo de los países, como es el cuidado, garantía y protección de los niños, niñas y adolescentes.
En este nuevo aniversario de la Convención, es urgente ponernos al día con compromisos no cumplidos frente a las naciones y que son de “obligación” para los Estados. En términos más específicos, hacer exigibles los derechos las personas menores de edad, consagrados tanto en los instrumentos internacionales, como en la legislación vasta y específica con que cuenta Costa Rica en esta materia.
Ausentes en temas claves. Cuesta comprender cómo un asunto de tanta importancia aún no cuenta con la exigencia necesaria y el compromiso político para hacerle frente a obligaciones legales, especialmente cuando observamos que, diariamente, suceden episodios de vulneración de derechos a nuestros niños y adolescentes. Si uno de ellos nació al adoptarse la Convención, ya tendría 24 años y sería un adulto. El tiempo pasa y la niñez también, debemos actuar ahora. Ha pasado demasiado tiempo.
El sinsabor que nos queda a los que estamos en el movimiento por los derechos de niñas, niños y adolescentes es el escaso compromiso político para un tema trascendental como lo es este, especialmente porque afecta a una población cercana al millón y medio de menores de edad que habitan en Costa Rica y que son ciudadanos y ciudadanas: lo único que no pueden hacer es votar y ser electos.
La violencia aumenta, la exclusión escolar continua, la pobreza no mejora, las oportunidades disminuyen y si estas problemáticas se ven a través de las miradas de la niñez y adolescencia las estadísticas se abultan más en este sector de la población costarricense. Un país que no se preocupa en serio por su población infantil y adolescente, es un país que a corto, mediano y largo plazo va para el despeñadero.
Lastimosamente, pareciera que a la mayoría de los señores candidatos únicamente se preocupan por los votantes y excluyen de los temas serios a los niños, niñas y adolescentes realmente es craso error y poquísima visión de futuro. La paz empieza por las personas menores de edad.
Rodolfo Vicente Salazar, abogado, especialista en derechos de la niñez y adolescencia.
