COPENHAGUE – Si los medios de comunicación globales fueran su única fuente de información, se le podría perdonar por pensar que el mayor problema de salud del mundo en estos momentos es el virus del Zika, o que el año pasado fue el del Ébola o antes el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y la gripe aviar.
El pánico ante estos contagios se ha extendido mucho más rápido que las enfermedades mismas. En realidad, el número de muertos que han causado en conjunto es mínimo si se compara con el de las principales enfermedades infecciosas, sobre las que oímos mucho menos: la diarrea, la tuberculosis, el sida, la malaria, el tétano o el sarampión. Aún mayor es la cifra de muertes causadas por enfermedades no transmisibles, como los accidentes cerebrovasculares y los ataques al corazón.
Los actores que deben tomar decisiones globales, como los gobiernos y los donantes, se enfrentan a prioridades que compiten entre sí, pero a menudo no las eligen de forma explícita o transparente. Se destinan más fondos al zika, el ébola o el SARS porque llaman más la atención de los medios de comunicación.
El Centro del Consenso de Copenhague, al que pertenezco, publica investigaciones y conclusiones sobre los costes y beneficios de tales opciones, con el fin de proporcionar a los legisladores y al público pruebas para maximizar la eficacia de sus decisiones. Nos motiva la creencia de que con cada dólar se debe alcanzar el mayor bien posible.
En promedio, los países más pobres del mundo destinan a salud pública unos míseros $15 anuales por persona. Cada año, alrededor de nueve millones mueren prematuramente (antes de los 70 años) en países de bajos ingresos como Camboya, Etiopía y Haití. Otros 19 millones de personas morirán antes de tiempo en países de ingresos medio-bajos, como la India, Nigeria y Guatemala. En total, en estos países más pobres habita aproximadamente la mitad de la población mundial.
Para el año 2030, el aumento de la prosperidad reducirá el número total de muertes prematuras anuales de 28 a 24 millones de personas, a pesar de un aumento de casi mil millones de personas en la población mundial. Pero lo podríamos hacer mejor si mejoráramos la prestación de atención sanitaria.
En un artículo para el Centro del Consenso de Copenhague, investigadores canadienses llegaron a la conclusión de que es posible reducir la mortalidad infantil en dos tercios con respecto al nivel del 2010 y bajar en un tercio el número de muertes entre 5 y 69 años de edad. En conjunto, para el año 2030 podrían salvarse siete millones de vidas en la mitad más pobre del mundo. Para lograrlo, el gasto en salud tiene que aumentar del 2% al 5% del PIB.
Por supuesto, para reducir la mortalidad se requiere mucho más que la asignación de fondos. Hay que canalizar recursos a la formación del personal, más clínicas y medicinas, y emplearse en cada área con la mayor eficacia posible.
Pero tiene que haber recursos que canalizar. En abril del 2001, los líderes africanos (que representan muchos de los países más pobres del mundo) firmaron la Declaración de Abuja, en la que se comprometieron a destinar al menos el 15% de sus presupuestos anuales a mejorar la salud. Al 2011, solo Tanzania había logrado este objetivo, mientras que 11 países en realidad habían reducido sus contribuciones relativas, y los nueve firmantes restantes habían estancado sus presupuestos.
Con las tendencias actuales, se espera que el gasto en salud pública en los países de bajos ingresos se eleve a $23 por persona para el año 2030, ya que serán más ricos. Si se le suman otros $34, se evitarían dos millones de muertes adicionales cada año. Para los países de ingresos medio-bajos, el gasto promedio de salud pública será de $85; si se añaden $128 podríamos salvar casi cinco millones de vidas más antes del 2030.
¿Cómo cuadraría esta inversión? El total de costos adicionales llegaría a casi $500.000 millones anuales para el año 2030. Sin embargo, por cada dólar gastado se lograrían $4 en términos de beneficios humanos.
Para los mil millones de personas más pobres, cada dólar que se destine a mejorar la atención de salud en todos los ámbitos rendiría $13, debido a los muchos aspectos relativamente fáciles de mejorar.
Pero las autoridades tienen otras opciones. Por ejemplo, si eligieran hacer frente a enfermedades de alto perfil como la tuberculosis o la malaria, por cada dólar gastado se lograrían $43 o $36 en beneficios, respectivamente. Eso sería más eficaz, ya que los rendimientos se dirigen a objetivos claros. Por el contrario, si tratamos de mejorar todo un sistema de salud, ahorramos un menor número de años de vida porque nuestros recursos también se destinan a enfermedades más difíciles y costosas de curar.
Los estudios realizados por el Consenso de Copenhague demuestran que no debería ser nuestra máxima prioridad tratar de mejorar los sistemas de salud de manera uniforme y en todos los ámbitos en términos absolutos. Sin embargo, es una excelente inversión fortalecer la capacidad de los países en desarrollo de identificar y manejar los riesgos conocidos para la salud nacional y global: los verdaderos asesinos globales, como la tuberculosis y el VIH/sida.
Es probable que mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud a estas grandes enfermedades produzca avances que ayuden en otras áreas. Cuando el año pasado estalló la crisis del ébola en África occidental, los países más afectados tenían en general sistemas de prestación de salud muy precarios. Si hubieran tenido más solidez a nivel local, la enfermedad se podría haber detenido más rápido y puede que nunca se hubiera asentado.
Por encima de todo, debemos asegurarnos de que las decisiones de política sanitaria se basen en pruebas sólidas para poder sacar el máximo provecho a cada dólar que gastemos.
En la práctica, esto no significaría pasar por alto el último virus que llegue a los titulares noticiosos, pero casi con total seguridad implicaría reconocer que la mayoría de nuestros recursos debe destinarse a otros objetivos.
Bjørn Lomborg es director del Centro del Consenso de Copenhague y profesor adjunto de la Escuela de Negocios de Copenhague. © Project Syndicate 1995–2016