EscucharMOSCÚ – Las perspectivas económicas de Rusia se ven cada vez más lúgubres. El año pasado, el derrumbe de los precios de la energía y las sanciones internacionales contribuyeron a una caída del 3,7% del PIB. Los salarios reales en el país se desmoronaron aproximadamente el 10%. Este año, se espera que esta tendencia negativa continúe. En el 2016 está programado que el gasto público en educación y atención médica caiga el 18%.
Los intentos fortuitos del Kremlin de diversificar la economía rusa han fracasado en su gran mayoría. La productividad laboral se mantiene crónicamente baja y la inversión extranjera y doméstica se ha agotado. Desafortunadamente, es poco probable que se produzca un giro radical. En las condiciones actuales, es improbable que precios más altos de la energía o el levantamiento de las sanciones vayan a ser suficientes para revitalizar la economía moribunda del país.
En los últimos diez años, el régimen del presidente ruso, Vladimir Putin, ha degradado a las instituciones que son esenciales para el funcionamiento de una economía moderna. El sistema judicial, por ejemplo, está básicamente en ruinas. Y, por sobre todas las cosas, la titularidad y gobernancia de activos y recursos clave están, casi en su totalidad, en manos del Estado. De hecho, en el 2012, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que el sector público consolidado representaba casi el 70% del PIB de Rusia. Si bien no hay estimaciones detalladas comparables para años anteriores, a comienzos de los años 2000, este porcentaje rondaba el 30 o 40%.
La expansión del control de la economía rusa por parte del Estado ha sido impulsada por una proliferación de corporaciones estatales, cuyos pasivos brutos hoy representan el 150% del PIB. Empresas en los sectores de energía, infraestructura, banca y armamentos han sido nacionalizadas.
En el 2014, las entidades de propiedad pública o controladas por el Estado representaban casi el 70% del volumen de negocios y el 85% del empleo entre las 15 compañías principales de Rusia. Para las 100 empresas más grandes, estos porcentajes eran del 54% y del 68% respectivamente. El sector público consolidado hoy representa un tercio del empleo total.
Las grandes corporaciones estatales de Rusia están, en su mayoría, controladas –con una considerable falta de transparencia– por administradores nombrados personalmente por Putin. Muchas decisiones corporativas importantes se toman durante reuniones personales entre Putin y el CEO de una empresa. Muchas fusiones y adquisiciones requieren de la aprobación personal del presidente.
La falta de transparencia es generalizada. Solo unas pocas compañías estatales presentan cuentas y se rigen por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), y muchas tienen un gran número de subsidiarias, que pueden diluir los beneficios a los accionistas, ofreciendo a la vez oportunidades para que gerentes y otras partes asociadas se enriquezcan. Russian Railways, por ejemplo, tiene más de 23.000 subsidiarias. Gazprom tiene más de 4.300.
La falta de información detallada hace difícil que se pueda documentar toda la cartera de activos del Estado, mucho menos establecer un sistema de supervisión viable y transparente. La agencia encargada de administrar las propiedades del Estado (Rosimushchestvo) es incapaz de actuar como un accionista controlador efectivo.
La Rusia de Putin es cada vez más reminiscente de la Indonesia del presidente Suharto –un sistema complejo de capitalismo favoritista sin derechos de propiedad reales–. Muchos allegados a Putin han adquirido grandes fortunas a través de sus conexiones con compañías estatales. Un camino hacia el enriquecimiento es apropiarse de manera privada de los flujos financieros de las empresas estatales. Otro es apalancarse en las conexiones para asegurarse contratos otorgados sin licitación o comprar activos estatales a un precio irrisorio.
El tamaño de la economía favoritista se insinúa en los Papeles de Panamá, pero incluso esas revelaciones son apenas la punta del iceberg. En el 2014 se calculaba que el patrimonio neto de quienes son objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) rondaba los 17.000 millones de dólares; solamente un banco sancionado tiene activos valuados en más de 11.000 millones de dólares.
Este sistema conlleva costos considerables para la economía rusa: favorece la búsqueda de rentas a expensas del crecimiento de la productividad. En realidad, Rusia posee algunas empresas privadas eficientes, grandes y dinámicas, pero el espacio para esas firmas se está achicando rápidamente.
La experiencia sugiere que grandes sectores públicos están asociados con un crecimiento por debajo del promedio y la desinversión en el sector privado. En verdad, con la expansión de las grandes corporaciones estatales, muchas de ellas en manos de amigotes, la competencia ha disminuido drásticamente en muchos sectores.
A pesar de todo esto, el compromiso de Putin con el sistema que ha construido es inquebrantable. Aún las medidas propuestas para elevar los ingresos fiscales –como la privatización de las acciones minoritarias en siete corporaciones estatales– probablemente se tomen de una manera que favorezca a sus compinches.
Parte de la reticencia a cambiar se debe al hecho de que Putin sigue siendo muy popular –por ahora–. En tanto la economía continúe derrumbándose, eso puede cambiar muy rápidamente, algo de lo cual Putin parece haberse percatado cuando, en una aparente anticipación del problema, creó una Guardia Nacional de 400.000 fuerzas de seguridad paramilitares y la puso bajo el mando de quien fuera su guardaespaldas por mucho tiempo.
Dada la dependencia del régimen de la personalización del poder, sería difícil diseñar algún camino creíble para el cambio que preserve las prerrogativas de Putin y sus secuaces. Abrir la economía a la competencia y expandir el sector privado minaría el sistema de riqueza y poder del que gozan los socios de Putin. Y por ese motivo los problemas económicos de Rusia probablemente continúen.
Anders Åslund es miembro sénior del Consejo Atlántico en Washington.
Simon Commander es socio gerente en Altura Partners y profesor en la Escuela de Negocios IE. © Project Syndicate 1995–2016
