Presupuesto para los derechos humanos

En los primeros meses del 2024, observamos con preocupación los excesivos recortes presupuestarios que afectarán estos derechos.

En el campo de la salud, hemos señalado la necesidad de soluciones estructurales a las listas de espera, la infraestructura hospitalaria, el primer nivel de atención, la situación de los especialistas, el fortalecimiento del régimen de pensiones y situaciones relacionadas con la atención de la salud mental.

También hemos puesto de relieve los riesgos del copago, promovido por los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y aspectos que requieren recursos y decisiones inmediatas del Estado, como por ejemplo la construcción urgente de los hospitales en Cartago y Limón.

Con respecto a la seguridad, la Defensoría ha realizado gestiones para apoyar la dotación de condiciones presupuestarias aptas para el combate del crimen organizado y la delincuencia, particularmente para la compra de equipos especializados y la contratación de personal experto, así como para el seguimiento de la Política Nacional de Seguridad.

En lo relacionado con la educación, deben atenderse con prontitud las situaciones expuestas en los informes del 2021 y el 2023 del Estado de la Educación que, entre otros aspectos, hacen énfasis en reforzar las competencias lectoras del estudiantado, el fortalecimiento de la capacitación y las competencias digitales de la docencia, incrementar sustancialmente la cantidad de centros educativos que imparten el currículo completo, la ampliación de la cobertura del bilingüismo y el fortalecimiento de la educación técnica, entre otros.

El incumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8 % a la educación es un claro ejemplo de los riesgos en que se encuentra la garantía de ese derecho humano. No debemos olvidar la historia, ya que en la década de los ochenta Costa Rica disminuyó su inversión en educación, y eso produjo la exclusión de miles y miles de estudiantes que no pudieron concluir sus estudios.

En momentos como el actual, debemos reflexionar sobre el significado de una de las frases del insigne educador costarricense Omar Dengo: “Gastar pródigamente en educación no es una cuestión de finanzas, sino una cuestión de honor, de decoro nacional”.

Debemos recordar que el Estado ha adquirido de forma voluntaria obligaciones internacionales, incluidos los Principios de París, que establecen que las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos deben contar con los recursos suficientes a fin de lograr la autonomía respecto del Estado y no estar sujetas a controles financieros que podrían limitar su independencia.

Con el propósito de garantizar los recursos básicos para el adecuado cumplimiento del mandato legal, durante la discusión y posterior aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional para el año 2024, la Defensoría realizó diversas gestiones para contener la baja sistemática en su plan de gastos e inversiones, el cual, durante varios años, ha venido limitando su actuación en el territorio nacional e imposibilitando fortalecer las labores de incidencia en las comunidades y la institucionalidad, al igual que los abordajes estructurales de los problemas que afectan los servicios que recibe la población.

En una reunión sostenida el 16 de febrero del 2024 con el viceministro de egresos del Ministerio de Hacienda, se nos informó de que no liberarán los ¢245 millones aprobados por la Asamblea Legislativa, de los cuales ¢183 millones son mayoritariamente para inversión en equipo tecnológico del personal que se nombrará a efectos de cubrir las 40 plazas vacantes que, como círculo vicioso, impactan nuestros índices de ejecución presupuestaria.

A ello, se suma el hueco presupuestario que originará, como en otras instituciones, el cumplimiento de la Ley Marco de Empleo Público debido a la aprobación del salario global definitivo.

Continuar con la disminución de recursos presupuestarios y negar a la Defensoría los aprobados por la Asamblea Legislativa repercutirá en la garantía de los derechos humanos en el país, aspecto que sin duda debe considerarse en el examen periódico universal (EPU), en que actualmente se encuentra Costa Rica, y la reacreditación de la Defensoría de los Habitantes, en abril próximo, ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

La autora es defensora de los habitantes.