EscucharResumo un mensaje que he remitido al presidente de la República. En este sugiero una prioridad de ejecución en los dos años que restan al cuatrienio.
La propuesta tiene como objetivo enfrentar cuatro desafíos: reactivación económica con desarrollo, infraestructura, desempleo y transporte público.
La potabilidad de la iniciativa dependerá del qué, del cómo y del mecanismo para su viabilidad política.
Respecto al qué. La propuesta plantea un inventario prioritario de obra pública, con al menos tres proyectos que resultan indispensables para tales propósitos.
El primero es un aeropuerto de envergadura, que permita la operación de un hub internacional o centro de conexiones de vuelos de alto tránsito en la cintura del continente.
Ello generaría condiciones para implementar aquí un foco neurálgico de comunicaciones, turismo, negocios y servicios.
Para lograrlo, debe iniciarse la expropiación de los terrenos técnicamente idóneos y acelerar las autorizaciones internacionales. De hecho, ya hay firmado un contrato de un proyecto en este sentido, que es viable.
El segundo proyecto es un sistema moderno de tren, de conformidad con lo ya diagnosticado para los años 2011-2030 en el Plan de Ordenamiento de la Gran Área Metropolitana.
Si dicho tren es ligero y de tecnología sofisticada, transportaría a más de 50.000 personas por hora mediante travesías cada dos minutos, evitaría el uso de 30.000 automóviles y aceleraría los tiempos de desplazamiento ciudadano.
Este plan superaría las capacidades de ejecución de entidades como el Incofer, pero es posible desarrollarlo a través de una alianza público-privada internacional.
Ahora bien, en el mundo, las concesiones ferroviarias no generan grandes ganancias económicas, por lo que, para hacerlo viable, el Estado deberá aportar un porcentaje de inversión al costo de capital.
El tercer proyecto es un corredor ferroviario transcontinental de mercancías –conocido como canal seco–, que conectaría ambas costas del país. Estudios hechos por empresas internacionales interesadas demuestran su viabilidad y conveniencia.
Quien quiera entenderlo, recomiendo la lectura del artículo denominado “Cómo insertarnos en el primer mundo”, el cual escribí en esta sección el año pasado (1/1/2015).
De lograrse, se competiría con el servicio que ofrece el canal de Panamá, pues un corredor transcontinental, antecedido por dos megapuertos, permitiría la clasificación y almacenamiento para una distribución interregional de mercancías.
Tal corredor ofrece la solución de una necesidad cada día más urgente de la economía mundial: grandes puertos en la cintura del continente que, además de permitir el paso entre un océano y otro de la mercadería, también en cada puerto redistribuyan y redirijan hacia otros destinos los contenedores que arriban.
El cómo. La realidad de la insolvencia económica y operativa de nuestro Estado descartan la posibilidad de que estas obras las lleve a cabo nuestra Administración Pública con fondos ordinarios o créditos.
Lamentablemente, además, por ser una figura ineficiente para grandes realizaciones, la experiencia descalifica la opción de los fideicomisos establecidos en la Ley 9292.
¿Por qué lo afirmo? En primer término, porque establece como posibles fiduciarios a los bancos, y figura del fiduciario implica la omnicomprensiva tarea de desarrollar un megaproyecto, lo que escapa a su especialidad.
Estos no están diseñados para todo lo que implica la labor fiduciaria de una gran obra, que incluye fiscalización, elaboración de diseños, tratativas negociales del desarrollo constructivo, planeamientos estratégicos y administrativos y el largo etcétera que conlleva levantar y poner a caminar planes de gran calado.
Es una responsabilidad que va más allá de la especialidad de una entidad crediticia y que desestabilizaría la institución bancaria y su prestigio en caso de imprevistos.
Peor aún, la figura del fideicomiso subordina la obra a una maraña reguladora similar a la que se aplica al sector público. Me refiero a largos procesos de apelación, regímenes de contratación laboral del sector público y al régimen presupuestario de la Administración Pública.
Es impensable pretender materializar planes de esa naturaleza bajo tal esquema.
Alianzas. La salida sensata es invocar la Ley 7762 y otorgar en concesión dichas obras.
Esa normativa contempla el mecanismo viable de alianza público-privada para los casos que propuse.
El financiamiento, las eventuales contingencias, la planificación y la administración total la asume el concesionario, quien debe ser una entidad con especialidad y experiencia en cada proyecto propuesto.
Por la naturaleza del contrato, está obligado a actuar con eficiencia, celeridad y un régimen de operación expedito, pues todo atraso atenta contra su propio interés económico. Amén de que el costo final es pagado por los usuarios únicamente, y no con tributos a cargo del pueblo.
La figura de la concesión se satanizó, pero lo cierto también es que el país ahora tiene más experiencia negociadora. Es posible evitar los errores del pasado estableciendo con claridad una estipulación contractual de valor neto actualizado, lo cual le permitiría al Estado asumir el bien en menos tiempo posible en aquellos casos en que se demuestre un flujo de utilización del bien superior al estimado, o si los costos resultan inferiores.
Corresponderá al Gobierno garantizar un proceso transparente de concesión que asegure el menor precio proyectado al usuario, para lo cual será necesario eliminar el cobro del impuesto sobre renta a las obras, y no agobiar en exceso al usuario.
Viabilidad política. Ortega y Gasset vaticinó la actual era posmoderna denominándola de rebelión de masas. Afirmaba que, al culminar la era industrial, muchos individuos se resistirían a ser dirigidos, y querrían imponer su voluntad a los detentadores del poder.
Si aspiramos al consenso para cualquier iniciativa gubernamental, permaneceremos inmóviles. El disenso existirá siempre, pero es sabio buscar respaldo para garantizar éxito y menor resistencia.
Un mecanismo práctico para darle viabilidad a esta propuesta es un acuerdo político que represente una mayoría del electorado entre los partidos representados en el Congreso.
En el partido del que soy secretario general, como en buena parte de otras agrupaciones, percibo un sentido de urgencia por reactivar la economía, lo que ofrece condiciones óptimas para hacer viable un acuerdo nacional en este sentido.
El autor es abogado constitucionalista.
