Tribunal para narco

Su trabajo es admirable porque desde su cargo dan guerra limpia a los delincuentes que han llevado zozobra a hogares limonenses destrozados por el trasiego de crack, marihuana o cocaína.

En Limón, mi querida provincia, más del 70% de los homicidios se originan por conflictos entre bandas de narcos que intentan controlar este negocio, el cual crece gracias a una costa vulnerable a la entrada de naves marítimas y aéreas provenientes de Colombia o de Jamaica.

Desde el tribunal, una mayoría de los jueces han actuado firmemente en apego a las leyes. Es cierto, algunos han caído en corrupción, pero son los menos y han quedado al descubierto porque funcionarios del mismo Poder Judicial o personas honestas han denunciado sus suciedades.

Dios quiera que los delincuentes comprendan que en las sentencias de los jueces honestos no hay nada personal, sino un asunto de apego a la ley; Dios quiera que tengan claro que quien se mete en narcotráfico, o termina ante la Justicia o acaba muerto. Esa es la regla de su negocio.

Sin embargo, además de encomendar estos jueces a Dios, los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo deben tomar decisiones para salvaguardar sus vidas y su labor.

Una, imprescindible, es la creación de un tribunal especial para investigar y juzgar los casos de narcotráfico y crimen organizado.

Hace dos años, en noviembre del 2014, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron el plan que implica excluir a juzgados y tribunales regionales del trámite de esos casos, los cuales serán centralizados en un despacho en San José, que a su vez tendría a cargo las intervenciones telefónicas.

De los diputados depende la reforma para crear este tribunal especial. Es de esperar que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial impulsen pronto el cambio para así atacar de frente cualquier corruptela en jueces; para proteger sus vidas y para dar una señal a los narcotraficantes de que la lucha es frontal.

Armando Mayorga es jefe de redacción en La Nación.