El problema de las máquinas tragamonedas no es de escasa monta, como creen no pocos regidores y alcaldes, los cuales las han vuelto a permitir, a contrapelo de las normas legales vigentes y de resoluciones de instituciones públicas, como la Procuraduría General de la República. Al parecer, la complacencia –vaya a saberse con quién– y el cobro de una patente municipal por la suma irrisoria de ¢3. 000 son motivos suficientes para irrespetar la legislación en vigor y el deber de tener en cuenta los intereses de los menores de edad, las víctimas de estos juegos.
Tal como informamos ayer, esas máquinas han reaparecido en las pulperías, supermercados, sodas, bares y otros negocios, todas ellas al alcance de los menores de edad, quienes –además de abandonar sus deberes escolares– en este pasatiempo gastan el dinero que sus padres les dan. Estos juegos, como se sabe, son perjudiciales para los niños en esta etapa de su formación en el orden psicológico, de la salud y del proceso de aprendizaje, y contribuyen a crear el hábito del juego o ludopatía, con todas sus consecuencias mentales y familiares. Las quejas presentadas por los padres en el 2004 impulsaron a los regidores y alcaldes responsables a observar las normas legales pertinentes. Sin embargo, en menos de dos años, los dueños de estos negocios y la irresponsabilidad de regidores y alcaldes les han abierto de nuevo las puertas.
Se aduce ahora que los municipios bajaron la guardia y se pretexta que la falta de personal impide controlar estos juegos. La verdad es otra: los municipios no han bajado la guardia ni carecen de personal para una labor tan simple. La Municipalidad de Heredia, por ejemplo, ha otorgado patentes para estas máquinas tragamonedas, basada –según han declarado sus funcionarios– en el informe de un ingeniero mecánico o eléctrico que, al parecer, tras un estudio minucioso concluye que no se trata de juegos de azar, todo confirmado con la fe pública de un abogado. Está claro que es más peligroso el juego del municipio que los 262 juegos patentados por este “gobierno” local, donde en solo un negocio funcionan 50 tragamonedas… a ¢3.000 al mes cada máquina.
Se imponen dos conclusiones. En primer lugar, estas máquinas se han vuelto a instalar por la alcahuetería de los municipios que así han procedido y por la creencia –explícita en el caso de la Municipalidad de Heredia– de que a la gente se le puede tomar del pelo. No hacen falta ingenieros ni abogados que den fe para conocer el funcionamiento de estas máquinas. Bastan un poco de sentido común y de buena voluntad, así como de respeto a los niños y a las leyes del país. En segundo lugar, esta es la triste realidad de nuestro régimen municipal; no de todos, por supuesto, sino de aquellos donde el voluntarismo suplanta el buen juicio y la observancia de las normas legales vigentes. Así lo demuestra, repetimos, la acometida de las tragamonedas y, tras estas, de intereses comerciales incontrolados. En nuestra edición de hoy, informamos de que los municipios no usaron ¢23.000 millones en el 2004. No hacen faltan comentarios. Este monto lo dice todo.
A la luz de lo dicho, así como de numerosos reportajes y comentarios sobre el régimen municipal, la próxima elección de alcaldes cobra una importancia capital. Los partidos políticos no le han dado relevancia, según se colige de las críticas surgidas sobre la falta de atestados de no pocos candidatos; mas este ha sido su comportamiento por decenios, causa principal del menoscabo y del descrédito de muchos gobiernos locales.
La elección de alcaldes, en diciembre próximo, no debe ser, como comentaba un reciente editorial de La Nación , “una elección invisible”, sino una oportunidad que mueva a las comunidades en procura de los mejores funcionarios. Sin excelencia intelectual, moral ni administrativa, el régimen municipal no levantará cabeza.
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