Leí un artículo en el que el autor se quejaba de la aplicación de la ley 7600 para personas con discapacidad, y hacía un recuento de la inversión tan grande que poner rampas implicaba, dinero que, según su versión, podía ser utilizado en otras necesidades; sin embargo, es interesante ponerse del lado de los ciudadanos que verdaderamente requieren esas modificaciones.
De no haberse constituido la ley, difícilmente los ticos hubiésemos hecho algo para salvaguardar y asegurar las vías de acceso a quienes tuviesen un tipo de discapacidad. Si con una ley todavía no se cumple, ¿lo haríamos? El pensamiento de una gran mayoría radica en que, como yo no lo necesito o son una minoría, no era necesario tanto alboroto, pero si nos detenemos a observar las rampas existentes, o los espacios de parqueo destinados para esta población, nos daremos cuenta de la poca conciencia que se tiene sobre esto, razón por la que algunas autoridades tienen que estar constantemente llamando la atención y hasta evocar la ley para que los no discapacitados respeten la señalización puesta para quienes sí lo requieren.
Es triste que solamente legalizando lo que debería se ético entremos en la reflexión de que a mí sí me podría pasar y podría llegar a utilizar esas modificaciones. Tal vez es algo que vemos lejos, pero que no estamos ajenos a requerirlo, nosotros mismos o algún familiar, eventualmente.
La población costarricense debe entender que la lucha de unos pocos puede ser la de muchos, siempre que sea por una causa noble. Estoy segura de que, uniendo fuerzas y tratando de pensar en mejores soluciones, se podrá equipar mejor al país, como bien indicó el autor del artículo. Tal vez unidos tengamos mejores soluciones, siempre que se anteponga la conciencia moral y no la económica.
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