En Foro (8/9/06), el señor Carlos Francisco Echeverría, director de Relaciones Corporativas de Florida Ice and Farm –que distribuye el agua envasada Cristal– nos ofreció su punto vista sobre el recurso natural agua y sus implicaciones en el marco de un eventual TLC. Nos expone, de manera muy precisa, la inmensa capacidad de nuestros ecosistemas para captar agua pues, no en vano, Costa Rica es considerada la décima potencia mundial en este rubro. De paso, el señor Echeverría atribuye a los opositores al TLC un temor irracional.
Manifiesta don Francisco que, para los oponentes al TLC, “ante la escasez de agua en el mundo, vendrán grandes multinacionales a apoderarse de nuestras reservas y nos dejarán ya no solo con hambre, sino además con sed”. Pero ¿no es cierto que uno de los resultados esperados con el TLC es atraer mayor inversión extranjera directa?
Entonces, sí es de esperar el arribo de esas empresas, no para exportar el agua, sino para utilizarla aquí en sus procesos industriales a un costo bajísimo, como fue recientemente demostrado por la prensa nacional. Bastan unos ejemplos: para producir una tonelada de caucho sintético se necesitan 1.400.000 litros de agua, para una tonelada de papel se consumen 380.000 litros, y el proceso de una tonelada de lana requiere 500.000 litros.
También, con base en los datos del señor Echeverría, se puede inferir que, si “en Costa Rica se venden unos 60 millones de litros de agua envasada”, este mercado representa un negocio que ronda los $36 millones. Continúa don Francisco: “la industria del agua envasada pagó al Estado, por la vía de un impuesto específico, más de mil millones de colones anuales”. No dudo de que lo haya hecho, pero, pese a ser una cifra significativa, solo representa el 0,05% de las ventas, monto que debería ser revisado para asegurar mejor distribución de la riqueza y apoyar programas de modernización en los sistemas de captación y distribución de agua.
Temor justificado. Evidentemente, ese panorama demuestra que el temor de gran parte de la población no es irracional; más bien, está debidamente justificado. Se torna aún más racional si observamos que en el capítulo 17 del TLC, referido al ambiente, como resultado de las negociaciones se establece el compromiso de la parte de aplicar las leyes ambientales nacionales, de no debilitar ni reducir la legislación ambiental, de reconocer los acuerdos ambientales multilaterales, y, como máxima garantía, que, en caso de controversia entre una norma comercial y una ambiental, debe prevalecer la ambiental. Todo esto suena a gloria y nos tranquiliza, pero en el párrafo seguido se aclara: “Para mayor certeza, legislación ambiental no incluye ninguna ley, reglamento o disposición de estas cuyo propósito principal sea la administración de la recolección o explotación comercial de los recursos naturales” (artículo 17.13.1). Entonces, se puede comercializar no solo el agua, sino todos los recursos fitogenéticos, la flora y la fauna silvestre, o el aire.
Con el escenario debidamente establecido, es obligación del Poder Legislativo hacer un análisis serio, profundo y balanceado sobre las verdaderas bondades de aprobar el TLC en los términos en que lo firmaron los negociadores. Deben los diputados definir, cuantificar y hacer de conocimiento público, los costos que asumiríamos en lo ambiental, y posteriormente en lo social, lo económico y lo político.
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