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Hemos terminado un estudio intitulado El aporte de los partidos políticos en la formación de estrategias integrales para el desarrollo nacional, bajo el alero del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR.
Los resultados ratifican debilidades pasadas y auguran cruciales semanas para Costa Rica después de las elecciones, no importa quién gane; y otros cuatro duros años, si no se toma conciencia de la relevancia de variables que los partidos nunca han asumido como importantes. El estudio aplicó un marco referencial muy integral de cosecha propia y busca que el elector sea mucho más crítico -sobre todo con el partido que gane- en cuanto a muy gruesas omisiones jurídicas, técnicas y administrativas.
Veamos un apretado resumen de algunos de los factores analizados. El lector puede conocer el informe completo de 165 páginas en un borrador preliminar, en la siguiente dirección electrónica: http://www.iice.ucr.ac.cr/ .
1. El Tribunal de Elecciones, para comenzar, no ha sido celoso en lograr de los partidos claridad total en sus programas en cuanto a los alcances prácticos del juramento constitucional del artículo 98 de partidos, y del 194 por quienes lleguen a gobernar. El estudio analiza a fondo la lista muy deficitaria de preguntas a los partidos en la propia página web del TSE. Desde aquí, las cosas se ponen "feas".
2. Tres partidos al menos, muestran el apoyo de funcionarios públicos en la formulación de sus propuestas, sin parar mientes en que ello ha incubado en gran parte la corrupción institucional que crece y crece, pues muchos funcionarios desvían su lealtad de su función pública, hacia el "partido". El estudio lo profundiza.
3. Ningún partido confronta la gestión del Gobierno actual, y menos el Plan Nacional de Desarrollo, e incurren todos en muchas propuestas de ideas y acciones ya en marcha. Ignoran los partidos que la Contraloría esta vez estará muy atenta -esperamos- a fiscalizar rigurosamente la validez de los cambios que el nuevo Gobierno quiera del plan vigente, pueseste tiene fuerza legal en la Ley No. 8131 del 2001.
4. Solo un partido reconoce muy genéricamente -sin detallar- la existencia de normas en la Constitución (CP), en la Ley General de la Administración Pública (LGAP), Ley de Planificación y Ley No. 8131, para el "buen gobierno" e invita a los electores a exigirlas; ninguno otro lo hace, pero este mismo ni ninguno otro las aplican en sus análisis y propuestas temáticas. Todos dan la espalda al concreto modelo de país solidario y de bienestar en la Constitución, y a las pocas normas para un excelente gobierno, lo cual haconstituido una fuente de corrupción y subdesarrollo pues impide que el país avance con la responsabilidad, transparencia y eficacia del modelo constitucional vigente. No hay en ningún programa una clara y concreta estrategia de conducción gubernativa a derivar del art. 140 de dicha CP, que permita tener certeza de que el barco se enrumbará claramente a puerto y, sobre todo, que llegará.
Causas de la corrupción. 5. Ningún partido reconoce cómo nació la corrupción rampante en el país a partir de las malas prácticas surgidas con la ley 4-3 de juntas directivas de 1970, con el régimen de presidencias ejecutivas de 1974, y con la creación informal de comités de partidos para perseguir "contrarios" también a partir de 1974, colateralmente a la inaudita actitud de darle la espalda a la excelente Ley de Planificación de 1974 y a la LGAP de 1978 en su régimen de dirección ministerial sobre entes autónomos -ambas entronizando disciplina y transparencia-. Hoy, al menos dos partidos proponen reactivarlas, aunque con significativas distorsiones interpretativas inclusive de tipo jurídico. Lamentablemente, uno propone eliminar juntas directivas con todo y sus "presidencias", pero para dejar a la mayoría de entes en manos de un gerente que responda al "ministro rector de sector", peligrosísima idea que se asocia a otra del mismo partido y de otro, de limitar a la Contraloría a pura "fiscalización a posteriori". Cualquiera de ellas, y peor ambas juntas, condenarían al país a una escalada aún mayor de corrupción.
6. Programáticamente, no se esmeraron los partidos en reconocer las leyes específicas excelentes que ya permitirían hacer grandes cosas en todo campo, con coherencia inclusive conceptual, como la Ley Orgánica del Ambiente , la Ley FODEA del sector agropecuario, el Código de Niñez y Adolescencia, y menos reconociendo sus obligadas articulaciones de objetivos y mecanismos con leyes como las del PANI, IMAS, MAG, IDA, CNP, ICE, de suelos, de biodiversidad, de aguas, forestal, Código Municipal, etc. Tal omisión solo refleja el problema conceptual y los recelos disciplinarios, además del simplismo con que se manejan las cosas en el interior de las mismas instituciones. Tampoco se vislumbra cómo las propuestas de todo tipo impactarán integralmente los multimillonarios recursos reales en cada sector para resolver los problemas del país.
7. Otros análisis atañen a diversas debilidades u omisiones de bulto en propuestas sobre control político legislativo, rendición de cuentas por el presidente y ministros, descentralización y fortalecimiento municipal, cómo mejorar radicalmente la capacidad de exigibilidad de la Contraloría sobre el Gobierno no sólo para lograr ese excelente gobierno, sino también para una mucha más efectiva vigilancia de los recursos públicos.
Una ardua tarea. El partido que gane, cualquiera que sea, tiene demasiado que enmendar, ajustar y clarificar de su propuesta electoral antes del 8 de mayo para que no ocasione otro desencanto al pueblo y acabe de hundir al país, pues sostenemos, sin que nos tiemble el pulso, que hay "cosas" con las que, sencillamente, no se puede seguir improvisando pues es jugar con lo más sagrado de un pueblo: sus ilusiones, y su derecho legítimo, de un verdadero "nuevo comienzo". Gobernar y administrar la "cosa pública" exige mucho más que buena retórica y simpatía, o sentido común, y la historia de los últimos treinta años no deja dudas de ello. Requiere que el gobernante, sus ministros y legisladores actúen como verdaderos estadistas, lo cual solo podrá lograrse entendiendo y ejercitando integralmente esas estratégicas "normas de oro" en la CP y en esas tres leyes superiores sobre conducción y planificación. Otras actitudes más ligeras tan frecuentes en nuestro país, sobre cómo interpretar y aplicar nuestro régimen de derecho integralmente y al máximo de sus posibilidades reales y en su coherencia de conjunto o "sistémica", llevarán a más regresiones socio- económicas y a más corrupción y. desencanto.
