¿Es posible prevenir más muertes?

Según estimaciones de la Universidad Johns Hopkins, alrededor del mundo por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o maltratada de alguna manera en el transcurso de su vida. Los datos de la prueba piloto de la Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres muestran que en el país un 67% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido, al menos, un incidente de violencia física o sexual en algún momento de su vida. La gravedad de estas situaciones se refleja en el hecho de que el 65% de ellas sintió su vida en peligro en el momento del incidente. La mayoría de los agresores son hombres conocidos por las mujeres, incluyendo parejas y familiares. Además, en Costa Rica, mueren alrededor de 25 mujeres y niñas al año asesinadas también por hombres cercanos (28 en el 2003).

Factor de riesgo: ser mujer

Estas formas de violencia no son casuales; por el contrario, el factor de riesgo es ser mujer. En sociedades estructuradas sobre la desigualdad sexual, las víctimas son elegidas precisamente por su sexo. De hecho, estas situaciones no tienen paralelo en el caso de los hombres ya que estos generalmente no mueren a manos de sus esposas o pretendientes, ni son sometidos a violencia sistemática por sus parejas u otras mujeres.

Existen numerosos soportes ideológicos y materiales para el ejercicio de la autoridad masculina. Aunque estos soportes varían culturalmente, el uso de la violencia constituye una de las formas más generalizadas que ayudan al ejercicio de esa autoridad.

Acciones neutras

Si bien en Costa Rica se han realizado importantes avances para enfrentar la violencia, la mayoría de las acciones se dirigen a atender la violencia intrafamiliar; es decir, son acciones sexualmente neutras, que no reconocen las relaciones desiguales de poder entre sexos. Esto ocurre a pesar de que Costa Rica ratificó la Convención de Belem do Pará, que la obliga a enfrentar específicamente la violencia contra las mujeres. Lo anterior tiene como consecuencia el tratar como iguales a quienes en la práctica son desiguales. Asimismo, dada la neutralidad de las acciones, en casi la totalidad de las instituciones se pasa por alto el carácter particular de esta violencia, se ignora la discriminación femenina, se refuerzan los estereotipos, e incluso se facilita la revictimización de las mujeres maltratadas. Además, se sigue pensando que estas formas de violencia son el producto de la pobreza, de la inmigración o de casos inexplicables de conducta patológica. En la medida en que eso se perpetúe, las mujeres seguirán en peligro ya que estas formas de violencia están íntimamente relacionadas con el grado de tolerancia e impunidad que la sociedad manifieste.

Caracterizarla como delito

En ese sentido, se requieren políticas, leyes y programas que tomen en cuenta el carácter de sexo de la violencia contra las mujeres. Es decir, se necesitan normas específicas que reconozcan legal y socialmente el riesgo que sufren la mujeres por ser mujeres. Es imperativo combatir la impunidad, a fin de enviarles un mensaje claro a los agresores y a toda la sociedad: este tipo de violencia no es natural ni parte “normal” de las relaciones humanas; es una forma intolerable de abuso y una violación a los derechos humanos que debe ser castigada. El proyecto de Ley de penalización de la violencia contra las mujeres , que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa, es un ejemplo del tipo de normativa que ayudaría a enfrentar y sancionar estas formas de violencia. En él se reconoce la existencia de relaciones de poder entre sexos y se sancionan las formas específicas que asume la violencia contra las mujeres. Con esto no solo se combate la impunidad y se garantiza justicia a las afectadas, sino que también el Estado se compromete a controlar a los agresores, de lo que se desprende un mensaje educativo para que socialmente esta violencia se reconozca como lo que es: un delito que les niega a las mujeres su derecho a la integridad y a su condición de ciudadanas plenas.