Los costarricenses tenemos plena conciencia de que vivimos en una democracia, pero también de que un ámbito indispensable para su salud y vigor aún está condicionado por un marco jurídico obsoleto y restrictivo. Nos referimos a la libertad de expresión. Porque, si bien es cierto que el intercambio de informaciones y el debate público tienden a ser plurales, dinámicos y esclarecedores en nuestro país, y nadie tiene inhibiciones para participar en ellos, también lo es que, en nuestro Código Penal y otras leyes, existen cláusulas que restringen los márgenes de la libertad de expresión y que estimulan el asedio legal contra quienes la ejercen a plenitud
Lo anterior lo sabe una gran mayoría de los ciudadanos. En la más reciente encuesta de la empresa Unimer para La Nación, el 59% de los consultados dijo que las leyes actuales restringen la labor de los periodistas, y un número aún mayor (el 67%) recomendó que sean reformadas. Se trata de algo que también han reconocido varios diputados, del presente y los dos anteriores períodos constitucionales. Prueba de ello fue la comisión especial establecida hace más de seis años para discutir posibles reformas a la legislación vigente, y el informe de mayoría rendido el 11 de agosto del 2005 por seis de los siete integrantes de ese grupo, quienes en lo esencial se manifestaron a favor de ampliar los márgenes de defensa en los casos de los llamados “delitos contra el honor”, introducir una garantía para la integridad del ejercicio periodístico conocida como la “cláusula de conciencia”, proteger el secreto profesional de los periodistas y derogar el artículo 7 de la vetusta Ley de Imprenta, que permite el castigo de cárcel por ejercer la libertad de expresión.
El dictamen, con el nombre de Ley de libertad de expresión y prensa , está en el orden del día del plenario, pero en un lugar tan distante que prácticamente implica su sepultura. Para resucitarlo y permitir que se discuta y vote con razonable rapidez, existen dos opciones esenciales: subirlo en el orden del día o trasladar su discusión a alguna de las comisiones plenas de la Asamblea, lo cual parece ser lo más conveniente dadas la cantidad y la complejidad de los temas que ocupan al plenario; además, ya existen una moción en ese sentido presentada por el diputado José Manuel Echandi y un dictamen de Servicios Técnicos que avala tal posibilidad. Cualquiera de las dos opciones, sin embargo, necesita una mayoría de dos tercios; es decir, un amplio compromiso de los diputados.
Hasta ahora, como en otras oportunidades, varios legisladores se han manifestado a favor de la reforma; también lo han hecho importantes dirigentes políticos y gubernamentales. Sin embargo, aún no ha sido posible convertir ese apoyo manifiesto en acciones reales para, al menos, permitir que el dictamen se discuta y, eventualmente, perfeccione, pero sin perder su finalidad esencial, que es ampliar el ejercicio de la libertad de expresión para todos los ciudadanos. En este caso, se conjugan la necesidad de poner nuestra legislación sobre la materia a tono con las doctrinas democráticas más avanzadas, y el reconocimiento ciudadano de que así sea. A esto se suma, además, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del periodista Mauricio Herrera y La Nación, que, en agosto del 2004, condenó al Estado costarricense por violación de la libertad de expresión. Es decir, los argumentos son muchos, y las coyunturas, adecuadas. Lo que falta ahora es la voluntad legislativa. Tras más de seis años de trámites, es tiempo de tomar la decisión.
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