Los sofistas en la antigüedad daban argumentos ante el público que parecían ser verdaderos, lo que importaba era la forma, lo que la mayoría aceptaba, el truco de conocer qué sabe la gente y también qué ignora. Sócrates y Platón se opusieron pues esto era demasiado fácil, les parecía que lo importante era tener conocimiento sobre lo que se hablaba, esto era lo ético. Más adelante, Aristóteles conciliaría las tesis.
Recientemente se denunció que algunos jerarcas impiden que sus funcionarios den declaraciones a la prensa, lo cual viola la libertad de expresión. Se menciona un caso donde la ley se pronunció a favor de dos funcionarios del Instituto Geográfico que fueron amonestados por referirse a las condiciones riesgosas de un archivo fotográfico. Sobre el particular, con toda razón la Sala IV indica que cualquier empleado público puede manifestar en privado o en público “sus pensamientos, ideas, opiniones, creencias, convicciones o juicios de valor”.
Dos aspectos diferentes. Por eso es que hay que separar dos aspectos diferentes. Uno es que un empleado público explique una situación específica de su entidad y las políticas al respecto, y otro muy distinto es que un empleado dé su opinión personal sobre aspectos institucionales.
En un caso de interés público, el periodista está obligado a consultar la fuente oficial; si no lo hace, manipula la información. Si no busca al gerente del banco estatal sobre una supuesta “corrida” de clientes, sino que se apuesta a la salida de los empleados a pedir opinión sobre rumores acerca de la solidez del banco, está manipulando. Así como cada entidad tiene derecho a tener sus voceros de prensa, igualmente, el periodista no solo tiene derecho, sino que está obligado a buscar las fuentes no oficiales también.
Los costarricenses necesitan razones y hechos provenientes de quienes conocen lo que sucede, una opinión pública que pueda crear sus propias conclusiones. Ahí actúa el periodista haciendo contrapunto entre las fuentes, buscando hechos, datos, declaraciones y pidiendo opinión, esa es la legítima libertad de prensa.
Tiene razón el ICE en que según la índole de las consultas, tiene como voceros al presidente ejecutivo, al sugerente de Electricidad, al subgerente de Telecomunicaciones, y al director jurídico. Igualmente puede la prensa consultar a todos los sindicatos y empleados para pedir opinión. Los expertos sostienen que tanto empresas como instituciones pueden tener voceros internos y voceros externos. Dentro de estos últimos caben el jerarca, el vocero que maneja el instrumental técnico, el de la parte legal, e incluso el vocero de prensa. Cuando una organización atraviesa una situación delicada, es posible nombrar también a una especie de “vocero de crisis”, quien conocerá hasta el último detalle de la conflagración en la fábrica, o de la renuncia de empleados en un ente público.
¿Quién dice que en un régimen democrático como el nuestro tener voceros atenta contra la libertad de expresión? Consideraba Aristóteles que no se podía ser amigo solo de la opinión, sino que había que buscar la verdad a través del silogismo, de las partes contrastantes.
Este sabio nos mostró dos caminos; en uno, las versiones que buscan emocionar y persuadir, es decir, la pura retórica, y, en otro, el camino de la lógica, donde con información fundada el funcionario podrá convencer o no , pero basado en el conocimiento y la verdad. Lo demás, el periodista acucioso lo sabrá resolver.