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Sacerdotes, monjas y otros miembros de la Iglesia Católica no tendrán que hacer grandes filas para realizar trámites migratorios.
Así lo anunció ayer el ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal Soto, tras firmar un convenio de cooperación con la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Con esa alianza, la Dirección de Migración y Extranjería espera agilizar cualquier trámite que necesiten los religiosos para su permanencia en el país.
Hasta ayer, curas, monjas, estudiantes de carreras eclesiásticas y otros miembros de la Iglesia Católica tenían que enfrentar largos y engorrosos trámites para obtener un permiso de residencia, temporal o permanente.
Incluso, muchos religiosos extranjeros pasaban semanas o meses en condiciones migratorias irregulares y podían ser deportados en cualquier momento.
Peligro de deportación. “A mí me llegaban hermanos religiosos llorando por lo que les podía pasar”, recordó ayer el arzobispo de San José, monseñor Hugo Barrantes.
Para el titular de Seguridad Pública, “es innegable la contribución de la Iglesia y sus congregaciones en el mantenimiento de la paz social que ha distinguido a nuestro país a lo largo de los años”.
De ahora en adelante, la Conferencia Episcopal de Costa Rica presentará directamente a Migración las solicitudes de visa o permisos de residencia para “obispos, sacerdotes, diocesanos, religiosas, seminaristas, laicos y novicios” .
Esos pedidos serán recibidos por un funcionario especialmente nombrado con ese fin, quien “garantizará una rápida resolución”,
Tales facilidades serán aplicadas también para empresarios, deportistas de renombre mundial y científicos extranjeros.
“Necesitamos a gente extraordinaria que pueda contribuir con el desarrollo de nuestro país”, manifestó el Ministro de Seguridad.
Elimina la corrupción. Berrocal puntualizó que el convenio forma parte de las acciones que vienen aplicando en la Dirección General de Migración para eliminar actos de corrupción, especialmente por parte de funcionarios “que cobraban grandes sumas por cualquier trámite”.
“Hoy sabemos, y lo digo con indignación, que hubo autoridades que recibieron millones por visas a orientales, colombianos y cubanos”, declaró el funcionario.
Aseguró tener informes acerca del cobro, por parte de exjerarcas policiales, de entre $25.000 y $30.000 por visas o permisos de residencia concedidas a foráneos.
