EscucharEl lunes 26 de abril de 1993, una banda armada, denominada el “Comando de La Muerte”, se apoderó de la Corte Suprema de Justicia y secuestró a 19 de los 22 magistrados que la integraban, en lo que constituyó un suceso de calibre noticioso mundial. También quedaron secuestrados cinco funcionarios judiciales que se encontraban presentes durante la toma.
El comando irrumpió por el sótano del edificio de los Tribunales poco antes de que comenzara una reunión del máximo órgano judicial del país. El presidente Rafael Angel Calderón Fournier convocó inmediatamente a su gabinete. El país entró en estado de emergencia.
La noticia en desarrollo generó todo tipo de especulaciones, investigaciones, líneas de procedimiento, etc.
Sin embargo, durante los tres días que duró la toma de la Corte, poco a poco se fue decantando lo que hoy puede sonar hasta surrealista: los secuestradores no eran delincuentes, se trataba de dos custodios de la sección de cárceles del Poder Judicial. Gilberto y Guillermo Fallas Elizondo, vecinos de Tres Ríos, idearon el secuestro después de que el primero fuera diagnosticado con una cirrosis hepática.
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Su vida dependía de un trasplante de hígado, y tal como se supo más adelante, en el juicio que afrontaron, en un acto de desesperación por conseguir el dinero necesario para pagar una millonaria operación en el extranjero idearon el plan.
Como relatarían decenas de artículos de este diario, poco a poco el Presidente Calderón y el equipo de crisis se percataron de la condición de “amateurs” de los secuestradores. Se sabría después que tenían un trato humanitario con los cautivos y hasta llamaban “Mi Tata” a don Edgar Cervantes, entonces presidente de la Corte.
Entonces se ideó un plan: a los Fallas Elizondo se les prometió que iban a ser cumplidas varias de sus exigencias, en cuenta varios millones de dólares en efectivo y una avioneta lista para que abandonaran el país por el Juan Santamaría. Prácticamente, se trató de un asunto de palabra.
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En el momento en que los hermanos depusieron las armas con la intención de abordar el avión, un equipo de la DIS y varios expertos, entre ellos el conocido coronel Alfonso Turco Ayub, detuvieron a Guillermo y a Gilberto, quienes fueron condenados a 14 años de prisión, pero cumplieron solo 7 por buen comportamiento y razones humanitarias en vista del problema de salud de Guillermo.
El 22 de agosto del 2002, él falleció, víctima de la cirrosis que lo aquejó durante 10 años y que provocó uno de los incidentes más graves en la historia del país.
