EscucharEl Tribunal de Juicio de Pavas condenó ayer a un karateca a descontar 20 años de prisión tras encontrarlo responsable de dos delitos de violación cometidos, dentro de un vehículo, contra una joven de 20 años.
El sentenciado es Andrés Alvarado Prada, de 29 años, un máster en bolsa y mercados financieros, a quien se le dictó también una orden de prisión preventiva durante seis meses.
En el mismo fallo, los jueces absolvieron por duda a Mauricio Alvarado Prada, Diego Alonso Luque Zamora y Sergio Espinoza Baviera. A ellos el Ministerio Público les atribuyó el delito de abuso sexual contra mayor de edad.
Para el Tribunal, el delito de Alvarado quedó probado con la declaración de la víctima María Laura Víquez Pacheco, una corredora de bienes raíces, a quien le dieron total credibilidad.
Víquez, quien permaneció en las afueras del edificio de los Tribunales de Pavas durante la lectura de la sentencia, manifestó que siempre testificó la verdad.
Agregó que durante cinco años se mantuvo positiva que se haría justicia. Afirmó el proceso como difícil pues, según dijo, “el sufrimiento ha sido demasiado”.
Antecedentes. El hecho juzgado ocurrió entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de diciembre del 2004, en el estacionamiento del bar Bokaos, en Santa Ana, durante una fiesta de “barra libre”.
Durante el juicio se demostró que en aquella ocasión la mujer fue llevada a un vehículo donde Alvarado cometió la violación.
Al explicar las razones del fallo, los jueces Alicia Salas Torres, Gustavo Cedeño Monge y Álvaro Abarca Picado dijeron que se basaron en los hechos acusados y no en si los imputados eran profesionales o si se les podría truncar un proyecto de vida. “Se analizó si la conducta era o no delito y se dictó sentencia en apego a la leyes”, aseveró la jueza Salas.
“La afectada desde el inicio dijo, y por eso le dimos credibilidad, de que ella no consintió la relación, que sintió dolor y no placer. Ella dijo que fue violada”, apuntó la funcionaria.
Por otra parte, el Tribunal condenó a Andrés Alvarado, subsidiariamente con la firma Bokaos M. R. Sociedad Anónima (dueña del bar) y la empresa de seguridad Servicios Internacional Romero y Cía, a pagar la suma de ¢60 millones. A estos últimos se les reprochó las fallas en la seguridad del parqueo.
