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La Ley general de policía, del 2001, establece el derecho de las familias de los agentes que mueran en horas de trabajo a una indemnización, así como a la pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Antes de ese año solo estaba contemplado el pago de una pensión, no así de una compensación económica. Esa restricción afecta a Olga María Junes Leal, quien dijo sentirse hoy "sola y desamparada".
Ella es la viuda del guardia civil Gerardo Pérez Rivas, quien falleció en 1999 durante una persecución para atrapar a los asaltantes de un mensajero en Liberia.
Reclamo. "La Ley general de policía dio un plazo de seis meses para que los familiares de los fallecidos antes de la ley interpusieran un reclamo" , dijo Érick Lacayo, director de operaciones del MSP.
El problema es que ni el gobierno ni la Fuerza Pública dieron aviso a los parientes, según sostiene Carlos Calderón Padilla, hijo del guardia rural Valerio Calderón Azofeifa. A este policía lo atacaron con arma blanca en Palmichal de Acosta en el 2000.
"Nadie nos avisó que teníamos derecho a reclamar ese dinero. Mi madre recibe ¢62.000 por parte de la Caja y ¢90.000 del INS por pensión.
"Desde el principio nos sentimos abandonados por parte de las instituciones y nos enteramos hace poco del derecho a esa indemnización. El lunes (hoy) iré a Seguridad Pública para enterarme de cómo reclamar ese dinero", señaló Carlos Calderón.
Algunas familias que perdieron a un policía antes de la vigencia de Ley recibieron el beneficio de 60 salarios. "En cuatro meses nos dieron unos ¢6 millones. Además, recibo unos ¢180.000 por mes en pensiones", contó María Emilia Vargas, viuda del oficial Manuel Araya.
El agente murió durante una persecución en el 2000. Doña María Emilia dijo estar satisfecha con la compensación recibida.
