El Ministerio de Salud cerró la clínica estética Lindora Cosmetic Center, ubicada en Santa Ana, por no contar con permisos para practicar cirugías mayores.
Este centro médico, propiedad del cirujano Andrés Vargas Scott, es cuestionado desde que fue denunciado en diciembre por la exmodelo Cristina García por, supuestamente, deformarle los glúteos en una cirugía estética.
A raíz de la denuncia presentada por la exmodelo ante la Fiscalía de Pavas y la Defensoría de los Habitantes, Salud actuó esta semana.
Daysi Corrales, ministra de Salud, explicó que el centro médico sí cuenta con permisos de ese despacho para funcionar como consultorio de medicina general, pero no para realizar cirugías mayores que involucran aplicar anestesia.
“Nosotros revisamos el accionar (sic) de la clínica. Ellos tienen un permiso de consultorio de medicina general, pero al revisar la publicidad del sitio web, se anuncian cirugías mayores, para lo cual ese consultorio no está autorizado; entonces lo cerramos”, explicó.
Corrales detalló que la clínica no podrá funcionar como tal hasta que cumpla los requisitos para realizar cirugías mayores, entre ellos, contar con especialistas.
“Para ofrecer los servicios de cirugía mayor tienen que contar con un especialista en ello para poder abrir. Pero, de momento, no se puede permitir operar”, dijo Corrales.
La Nación llamó en varias ocasiones al doctor Vargas y se le dejaron mensajes a su secretaria; no obstante, al cierre de esta edición no había contestado.
Proceso doloroso. La afectada había explicado a La Nación que ella acudió el 19 de setiembre del 2011 al Lindora Cosmetic Center para rellenarse dos “camanances” que tenía desde nacimiento en sus nalgas. Por este tratamiento pagó al médico $2.260.
No obstante, días después de la cirugía, el área donde la inyectaron se inflamó, le salieron moretones, se le deformaron los glúteos y también el área genital, según dijo.
Ayer mismo, la Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Salud continuar con la fiscalización de estos centros médicos.
El ente defensor indicó, además, que se debe constatar si los permisos otorgados a este tipo de centros tienen relación con los servicios que están ofreciendo al público.