Escuchar
El Ministerio de Educación Pública (MEP) está dispuesto a llegar a un arreglo con la familia del estudiante Juan Pablo Salazar Calderón, de 18 años, asesinado el 18 de julio del 2011, en el Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, de Orotina.
Así lo ratificó ayer el ministro Leonardo Garnier Rímolo al reenviar una nota que mandó a los padres del muchacho en el 2011, en la cual afirmó: “Sí estaríamos anuentes (...) a realizar cualquier mecanismo de arreglo (...) bajo la orientación de los criterios periciales o técnicos que judicialmente se dispongan”.
Mencionó que todo se hará bajo el amparo de los mecanismos de conciliación procesal y con la supervisión de la Procuraduría General de la República, que funge como abogado del Estado.
La respuesta surgió luego de que el abogado de la familia del colegial, Rafael Rodríguez Salazar, anuncio que mantienen la demanda de ¢200 millones por el daño moral causado por el homicidio. Ese monto –agregó– podría ser superior pues se le debe agregar el daño material y psicológico.
Este hecho toma relevancia pues el Tribunal Contencioso Administrativo de Goicoechea, donde se tramita la demanda contra el Estado, citó para este lunes a la 1:30 p. m. la audiencia de conciliación.
Sin embargo, la procuradora penal Grettel Rodríguez dijo que no había recibido la notificación, la cual debe hacerse tres días hábiles antes de la audiencia.
Al respecto, la Oficina de Prensa del Poder Judicial informó de que en este caso surgió un problema con las notificaciones y que era muy probable que la diligencia se posponga para el 8 de julio.
Antecedente. El homicidio sucedió cuando un joven de 17 años, ajeno al colegio, ingresó sin ser sometido a ningún tipo de revisión, le disparó y le causó la muerte en forma inmediata. Luego el agresor se disparó en la cabeza y murió al día siguiente.
La demanda se fundamenta en una presunta omisión del colegio de medidas de seguridad que permitieron entrar al homicida.
