EscucharTreinta y dos reos recién salidos de prisión fueron detenidos otra vez por su presunta participación en igual cantidad de homicidios ocurridos entre el 2012 y los primeros 10 meses de este año.
Así lo reveló un estudio sobre reincidencia criminal, realizado por la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a pedido del periódico La Nación .
Uno de los casos fue el del exconvicto Harlin Carrillo Prendas, quien salió el 9 de abril del 2012 y fue detenido 65 días después por la muerte de Mario Fernández García, de 58 años.
El estudio determinó que durante el periodo analizado, salieron 4.975 reos.
De ellos, una gran parte (4.897) fueron reubicados en un régimen de confianza que les permitió dejar la cárcel a cambio de ciertos requisitos, y el resto (78) quedó libre por cumplir la pena.
Sin embargo, el OIJ determinó que un 14,7% de estas personas (733) volvió a ser detenido por cometer uno o más delitos.
La mayoría (496) cayó por robos y asaltos, 58 por drogas, 32 por homicidios, 26 por casos sexuales y 24 por intentos de homicidio.
Dicho informe se terminó 10 días después de que el Ministerio de Justicia, en cumplimiento de una orden del juez de Ejecución de la Pena, Roy Murillo, inició la excarcelación de 370 reos que están cerca de cumplir sus penas.
La medida pretende dejar cupos libres en las cárceles, para reubicar allí a igual cantidad de condenados que están en la Unidad de Admisión de San Sebastián y así bajar el hacinamiento en ese presidio capitalino.
Hasta el viernes pasado, tres de los convictos excarcelados volvieron a ser detenidos: dos por robo y otro por el asesinato de un comerciante de Puntarenas.
Inquietud. Francisco Segura Montero, director del OIJ, consideró muy esclarecedor el resultado del estudio. “Nos dimos cuenta de una realidad que veníamos palpando desde hace tiempo: que la reincidencia era importante y sobre todo la gravedad de los delitos que se cometen. Es algo totalmente asombroso”, aseveró.
“Es muy serio pensar que cometieron 32 homicidios, un montón de robos o delitos contra la integridad física de las personas”, agregó.
Segura calificó como delicado que tantos reos fueran excarcelados en ese periodo, sin terminar su condena. “Se pone en riesgo a las personas decentes, a la sociedad que merece vivir libre, sin tener que estar pendientes de que un delincuente pueda reincidir y le cause daño a él o a su familia”, alegó.
La Nación intentó conocer el criterio de Ana Isabel Garita y de Jorge Rodríguez, ministra y viceministro de Justicia, respectivamente, pero al cierre de esta edición no contestaron los mensajes.
Por su parte, Celso Gamboa, viceministro de Seguridad, afirmó que estas excarcelaciones tienen un impacto directo en la seguridad ciudadana.
“Es importante determinar los parámetros que toma el Instituto de Criminología para liberar a estas personas y actuar con mayor rigurosidad. Los que han actuado con comportamientos violentos, deben ser vistos con mayor atención antes de darles un beneficio carcelario”, propuso.
Al respecto, Francisco Fonseca, fiscal adjunto de San José, lamentó que mientras policías, fiscales y jueces tratan de frenar la delincuencia y después de un tortuoso camino llegan a una sentencia en firme, por otro lado haya decisiones administrativas o judiciales que liberen a los delincuentes.
Gerardo Villalobos, exdirector de Adaptación Social, sostuvo que las cárceles ahora son absolutamente incapaces de cumplir con la resocialización.
“La dinámica penal cambió. Es utópico o un sueño pensar que las cárceles readaptan. Es mentira y está probado en todo el mundo. El origen del delito no está en las cárceles sino afuera en las condiciones socioeconómicas”, concluyó.
