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En San Carlos, el hampa gana cada vez más espacio. De enero a setiembre se registraron 486 robos a viviendas o comercios de esa cantón alajuelense, es decir, en promedio, hubo un robo cada 13 horas.
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En muchas comunidades de Limón, la situación es aún peor. Los malhechores desatan una balacera en cualquier lugar, para así intentar acribillar a sus rivales. No importa si hay un inocente de por medio. La misma situación ocurre en Pavas, en Desamparados y en Tirrases de Curridabat, San José.
La ola de violencia que hay en el país rebasa a las autoridades, según admitió Gustavo Mata, ministro de Seguridad, en una conferencia de prensa que ofreció este lunes.
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El jerarca aseguró que no tiene recursos financieros ni humanos para poder hacer frente a la situación y, sin ello, agregó, “no hay nada que hacer en contra de la delincuencia”.
“Desde hace año y medio vengo hablando de la situación que se va a generar en el país. Y ya estamos viendo que efectivamente se está cumpliendo lo que yo comentaba. Yo dije que teníamos que cambiar la visión de seguridad para poder enfrentar este fenómeno nunca antes visto en Costa Rica”, agregó.
Para ejemplificar, Mata mencionó las balaceras ocurridas en los últimos días en Limón, las cuales dejaron cuatro muertos (tres adultos y una adolescente) y siete heridos. Según manifestó, dichos incidentes se pudieron evitar si hubiese tenido más policías en esas zonas.
Agregó que para poder dar contención a lo ocurrido, envió a 100 oficiales a ese sitio. Empero, para hacerlo, tuvo que “sacar” a esos policías de otros barrios conflictivos de la capital.
“El agravante es que estamos teniendo víctimas inocentes. Tengo que mandar efectivos, pero no tengo, así que echo mano de lo poco que tengo”, mencionó Vega.
Recordó que la semana pasada estuvo de visita en Guácimo, Limón, en donde a finales de agosto un drogadicto degolló y mutiló a un niño de 8 años. Contó que los vecinos de ese sitio le pidieron más presencia policial, por lo que envió a 10 oficiales.
“Tuve que hacer lo mismo, sacar a esos funcionarios de sus barrios, de sus vecindarios para poder garantizar seguridad a esos otros sitios. Siempre que voy a una comunidad, me piden lo mismo: más policías en las calles. ¿Cómo hago?, no sé”, dijo Mata.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hasta este lunes, tenían registrados 414 homicidios, mientras que en el mismo periodo del año anterior llevaban 422.
‘Pondré la renuncia’. Mata dijo que la violencia y los pocos recursos que tiene lo obligaron a evaluar una decisión: renunciará a su cargo si los diputados no aprueban el impuesto a las personas jurídicas, el cual se destinaría a financiar principalmente el Ministerio de Seguridad.
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Sostuvo el jerarca que si ese proyecto se aprueba, su cartera podría contratar el recurso humano necesario para combatir esta ola de violencia.
“Este país debería tener 18.000 policías para poder enfrentar la delincuencia. Por cada 100.000 habitantes deberíamos tener 300 policías. Ya tengo trillo en la Asamblea Legislativa, donde he presentado la incidencia criminal y el fenómeno que afrontamos. He suplicado para que den recurso y no lo han hecho.
”He decidido que si en término de 30 días no se aprueba el presupuesto, presentaré mi renuncia al señor presidente (Luis Guillermo Solís). Ya es demasiado pedir por este país”, manifestó Mata, quien estimó que le hacen falta cerca de 3.000 oficiales para poder cubrir todo el país.
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‘Algunas modificaciones’. Según el artículo 10 de ese proyecto, un 90% de los recursos provenientes de la recaudación del impuesto a las personas jurídicas será destinado al Ministerio de Seguridad.
Empero, en la normativa propuesta se aclara que ese dinero no podrá ser utilizado para “el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo”.
Precisamente, existe una moción en la Comisión de Asuntos Hacendarios, firmada por legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio, que busca autorizar al Ministerio de Seguridad Pública para que pueda crear 1.000 plazas policiales, por una única vez, con el dinero proveniente de este tributo.
Pese a ello, Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario y quien prometió en setiembre hablar más de 100 horas en la Comisión de Asuntos Hacendarios para impedir la aprobación del impuesto sobre las sociedades, enfatizó que la iniciativa en trámite no permite la contratación de efectivos.
“Lo que le digo (a Mata) es que mejor agarre sus chunchitos y se vaya hoy mismo. Ese proyecto no va a ser aprobado en los siguientes 30 días”, apuntó Guevara, quien tiene pendiente cerca de 95 horas para hablar.
Por su parte, Rosibel Ramos, diputada del Partido unidad Social Cristiana (PUSC), aseveró que ve “complicado” aprobar ese proyecto debido a que su bancada pretende hacerle algunas variaciones y criticó la forma de actuar del titular de Seguridad.
“A Mata lo respeto mucho, pero me parece que se equivocó al amenazar de esa manera a los diputados. Yo, por lo menos, soy una diputada que no me dejo amenazar por nadie. Lo que hizo fue presentarle el preaviso al presidente (Solís)”, concluyó. Colaboró el periodista Aarón Sequeira
