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Durante el 2015 y el 2016, el 75% de las personas asesinadas en el país debido a disputas por narcotráfico, eran jóvenes entre los 18 y los 39 años.
Así consta en un estudio dado a conocer este miércoles, el cual fue elaborado por la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Comesco) del Ministerio de Justicia y Paz, que contó con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En la investigación, además, se concluyó que del total de fallecidos por esa lucha (260), se determinó que el 96,8% de las víctimas eran hombres y que un 3,2% mujeres.
Ólger Bogantes Calvo, director adjunto del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y quien dio a conocer el informe, dijo que lo anterior significa que los fallecidos son personas que forman parte de la población que está en la etapa más productiva de la vida.
"Son personas que quieren dinero fácil, dinero rápido, que están en un período productivo de la sociedad pero por algún motivo no han querido incursionar o no han podido con trabajos (...) y se dedican a otras cosas y corren el riesgo de terminar siendo asesinadas", agregó.
Según Bogantes, el estudio estableció que las víctimas "están relacionadas con redes criminales y se encuentran en los más bajos niveles de esa red (...), son rápidamente reemplazables. Son moneda de canje. No son líderes de la organización y por tanto están propensos a esa vulnerabilidad de muerte".
Por su parte, Alice Shackelford, representante del PNUD en Costa Rica, dijo que al analizar las cifras se puede concluir que "estamos perdiendo capital humano en el país. Las personas entre 15 y los 44, son la edad productiva más importante".
Agregó que, lamentablemente, hay una tendencia al crecimiento de los homicidios, por lo que se debe trabajar en la prevención.
"Tenemos que mirar los elementos que están determinando en esto. Momento de mirar alrededor de las desigualdades en el país, que se están aumentando, más que cerrando. En Costa Rica, desafortunadamente, el desarrollo económico que se está logrando no es un desarrollo económico inclusivo".
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Otros hallazgos
En la investigación también se determinó que los asesinatos atribuibles a la delincuencia organizada han venido creciendo.
En el primer año que se tomó para el análisis, que fue el 2010, de la tasa total de homicidios (11,6 por 100.000 habitantes) se determinó que 11,3 fueron crímenes no atribuibles a la delincuencia organizada. Eso significa que solo el 0,3 eran producto de esa pugna de pandillas.
Sin embargo, conforme pasaron los años, se notó un cambio y para el 2016 cuando la tasa total de homicidios fue de 11,8, se estableció que 6,3 fue por hechos no atribuibles a delincuencia organizada y el 5,5 si eran derivados de las disputas.
Ólger Bogantes sostuvo que es muy evidente que los hechos delictivos vinculados a la delincuencia organizada están impactando de una manera muy importante y directa en los indicadores de seguridad ciudadana.
Resaltó que se trata de eventos en los cuales se utiliza un alto nivel de violencia y señaló que muchos son producto de lo que llamó la "resiliencia delictiva". Este término se usa para explicar la facilidad con que las estructuras delictivas logran reponerse de un golpe policial.
Al respecto, explicó que cuando la policía desarticula una banda delictiva, de una manera muy rápida la plaza desocupada es acaparada por otro delincuente del mismo grupo, o por un grupo contrario, lo cual desencadena esa pugna de poder y de ahí sobrevienen los asesinatos.
El estudio también confirmó que la provincia de San José es la que mayor cantidad de crímenes registra, seguida por Limón.
Asimismo, se determinó que en los dos últimos años el 86% de los asesinados eran costarricenses y 12% extranjeros.
Durante el mismo lapso hubo un total de ocho víctimas colaterales, de las cuales siete eran mujeres. Esas personas eran inocentes y murieron debido a las luchas entre las pandillas del crimen organizado.
