Una mujer fue asesinada este sábado, en San Rafael de San Vicente de La Unión, porque al parecer se negó a pagarle a unos pandilleros para que la dejaran pasar.
La víctima fue identificada como Flor Mayela Angulo Rosales, de 27 años, quien viajaba como acompañante en un vehículo conducido por un hombre de apellido Bolaños.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió a eso de las 2 a. m. cuando dos hombres en motocicleta interceptaron el vehículo.
Los pistoleros dispararon varias veces contra los ocupantes del automotor e impactaron una vez a la mujer en su ojo derecho, quien falleció de inmediato.
Mientras que al conductor, un reconocido mecánico de la zona de 45 años, solo lo rozó un proyectil en uno de sus hombros.
La versión preliminar que maneja la policía es que en la zona opera una banda dedicada a cobrar "peajes" ilegales.
Al parecer, después de cierta hora, el grupo exige el pago de un derecho de paso a las personas que desean ingresar al sitio.
Las autoridades trabajan en confirmar o descartar dicha versión.
Varios casos
Esta no es la primera vez que se da un asesinato por la negativa de la víctima a pagar "peaje" a una pandilla.
En el cantón de Alajuelita , en San José, se reportaron dos casos el 14 de mayo y el 16 de noviembre del 2016.
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Las víctimas fueron dos taxistas informales: Randall Fernández Marín, de 44 años, y Jason Castro Araya, de 25.
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Según trascendió, ambos transportistas fueron atacados a balazos por motoclistas luego de que se negaron a pagar una tarifa por pasar.
En aquel momento, las autoridades se mostraron preocupadas porque los pandilleros hasta les exigían dinero a escolares.
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Luego de un intenso operativo, la policía logró dentener a tres sujetos que se dedicaban a esta actividad.
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El pasado 30 de octubre, ellos fueron condenados a prisión por cobrar entre ¢1.000 y ¢20.000 a taxistas informales, comerciantes y vecinos de Tejarcillos de San Felipe de Alajuelita.
Los implicados en este caso son Rashid Abdul Becerril Ortiz, Alejandro Andrés Granados Rodríguez y Guido Gerardo López Vargas.
Becerril fue sentenciado a 18 años de cárcel y Granados, a 12 años. En tanto, a López se le concedió la oportunidad de utilizar tobillera electrónica por cuatro años.