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Un matrimonio turrialbeño viajó a Israel para que la esposa diera uno de sus riñones a un ciudadano de aquel país, pero terminaron deportados tras vivir una historia que califican de terror.
A ese país llegaron en marzo del 2013, sin más que $10 en la bolsa y sin conocer quién o quiénes los contactarían a su arribo en uno de los aeropuertos de Tel Aviv.
La falta de información convincente ante las preguntas de los policías israelíes generó sospechas en las autoridades migratorias, quienes de inmediato detuvieron a la pareja y la sometieron a interrogatorios y requisas.
"Nos trataron como delincuentes. Nos tocaron por todo lado, no nos dieron comida. Pasamos frío y hambre. Es algo que no se lo deseo a nadie", relató Norman Solano Quesada, guardia de seguridad en una empresa privada, la mañana de este miércoles mediante videoconferencia.
Este hombre y su entonces esposa, Rosa Nelly Barquero Aguilar, habrían sido contactados por la prima de Solano, la policía Maureen Cordero Solano, quien supuestamente vendió uno de sus riñones en ¢6 millones y luego se convirtió en reclutadora de donantes.
La mujer policía, al conocer por Facebook la difícil situación económica de su pariente, le ofreció la posibilidad de vender el riñón a cambio de ¢10 millones, una propuesta que Norman Solano no dudó en aceptar.
Según la declaración de Norman Solano, la deuda que tenían con prestamistas, los atrasos en el alquiler de la casa y los pagos pendientes en el supermercado lo impulsó a aceptar la oferta.
Las negociaciones de esta pareja se habrían realizado con el médico Francisco Mora Palma, quien se desempeñaba como jefe de Nefrología del Hospital Calderón Guardia y figura como líder de la supuesta red.
Mora Palma les confirmó la oferta: ¢10 millones por el riñón.
"No hicimos esto porque queríamos, fue por la necesidad tan grande que teníamos", dijo el testigo de la Fiscalía y una de las 14 víctimas convocadas por el Tribunal de Juicio de San José, encargado del debate por supuesta trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, entre otros delitos que se juzgan en este proceso.
Trasplante frustrado
Los planes iniciales eran operar a Norman Solano, pero después de varios exámenes médicos se determinó que su órgano no servía para el trasplante, por lo que su entonces esposa se ofreció a dar el suyo ante la presión económica que estaban viviendo en ese momento.
Las pruebas a Rosa Nelly Barquero, añadió el turrialbeño, se realizaron tanto en el Calderón Guardia como en clínicas privadas.
Una vez que determinaron que sí era posible la operación, supuestamente Mora Palma les habló del viaje a Israel pues en Costa Rica las investigaciones por supuesto tráfico de órganos habían paralizado temporalmente estos procedimientos.
Norman Solano aseguró que el médico les dio el dinero para los exámenes, pagó los trámites migratorios –incluidos los pasaportes–, y los boletos de avión.
El nefrólogo también le habría girado a él una incapacidad por dos meses para que pudiera acompañar a Barquero Aguilar a Israel, en donde pasarían todo ese tiempo hospedados en casa del receptor del órgano.
Esa incapacidad se hizo efectiva a pesar de que, al final, el trasplante no se realizó, confirmó Norman Solano.
Los planes iniciales, sin embargo, se vinieron abajo desde que la pareja puso un pie en aquel país, pues las autoridades israelíes los detuvieron, los revisaron, e incluso les preguntaron si eran esclavos o si venían a vender droga.
En celdas aparte, los interrogaron, confirmó Rosa Nelly Barquero en su declaración.
Barquero relató, llorando, que fue desnudada delante de otras personas, tuvo que orinar frente a una policía y que las pocas pertenencias que llevaron en la única maleta de viaje fueron tiradas al suelo y pisoteadas.
Confirmó lo que su expareja había relatado apenas unas horas antes: en ese lugar pasaron hambre y frío, porque llevaron ropa ligera pensando que se trataba de un país caliente, sin considerar las variaciones de temperatura en esa época del año.
Su afición a series policíacas le dio la idea de pedir hablar con el cónsul costarricense en ese país, contó Barquero. Esa fue la única persona que les prestó atención y ayuda.
Solano confirmó que el cónsul les advirtió que si no hacían una declaración jurada relatando toda la verdad, corrían el riesgo de quedar presos entre 15 y 20 años, y no tener derecho a la extradición.
Ellos le contaron todo al funcionario tico, quien, en cuestión de un día resolvió su situación y facilitó su regreso a Costa Rica.
Fue el cónsul quien les dio los $100 que les permitió, una vez en territorio nacional, pasar a un restaurante a comer y dormir en un hotel antes de regresar a Turrialba.
Tras el fallido trasplante, ambos se comunicaron con el médico, el cual les confirmó que ya estaba enterado de todo lo sucedido.
Les prometió ¢1 millón como adelanto mientras conseguía un nuevo receptor que pudiera aprovechar el riñón de Rosa Nelly Barquero. De ese dinero, finalmente, la pareja solo recibió ¢500.000.
Su declaración se hizo por videoconferencia por razones de seguridad, informó la Fiscalía. Durante la tarde declaró Rosa Nelly Barquero, separada de Norman Solano, luego de que ocurrieron los hechos investigados.
Juicio inédito en el país
Con Solano y Barquero son 17 los testigos de la Fiscalía que han rendido su testimonio. La defensa de los cinco imputados ha presentado solo uno. Faltan por declarar 9 de las 14 víctimas de supuesta extracción ilícita de órganos.
Este debate se inició el 11 de setiembre y está previsto que finalice el 30 de noviembre.
Además de Mora Palma, figuran como imputados en esta causa los urólogos Maximiliano Mauro Stamati y Fabián Fonseca Guzmán, y el especialista en Vascular Periférico, Víctor Hugo Monge Monge, según la acusación del Ministerio Público.
El quinto implicado es el comerciante griego Dimóstenes Katsigiannis Karkasi, quien al parecer ejerció de intermediario entre Mora Palma y las personas a quienes se les quitó un riñón.
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Según relató el primer testigo de la Fiscalía, días atrás, el investigador judicial Diego Castillo Gómez, la vulnerabilidad económica de esta pareja la habría motivado a aceptar el aparente ofrecimiento de dinero a cambio de vender un riñón.
El primer candidato al trasplante fue Solano, pero pruebas médicas lo descartaron. Al parecer, la red luego contactó a su esposa, de apellido Barquero, quien resultó compatible con un enfermo de origen israelí.
De acuerdo con el relato de la prima de Norman, de apellidos Cordero Solano, quien declaró el 21 de setiembre, Francisco Mora Palma habría pagado todos los gastos de viaje para que la pareja se trasladara a Israel, en donde le harían la operación a la mujer.
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Sin embargo, las autoridades migratorias de ese país los deportaron a Costa Rica luego de comprobar que estaban en su territorio con el supuesto objetivo de vender un riñón.
Información que ha trascendido durante este debate indica que las víctimas habrían recibido entre ¢3 y ¢10 millones por uno de sus riñones.
Empero, la Fiscalía señaló en la acusación que los receptores de los órganos –todos extranjeros, de países como Israel, Estados Unidos y Grecia– pagaban, al menos, $140.000, de los cuales $40.000 debían ir a los 'donantes'. Ese dinero nunca lo recibieron, según ha quedado consignado en el juicio.
Las operaciones se habrían realizado en los hospitales privados Bíblica y Católica, mientras los exámenes médicos de compatibilidad se habrían hecho en laboratorios privados pero también en el laboratorio del Hospital Calderón Guardia.
La Fiscalía le atribuye a Mora Palma 14 delitos por trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, 16 delitos de peculado, 12 delitos de lesiones graves, y 6 por falsedad ideológica.
Al comerciante griego Katsigiannis Karkasi, se le atribuyen tres delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos y tres lesiones graves.
A Mauro Stamati, Fonseca Guzmán y Monge Monge, la Fiscalía les relaciona con la comisión de 14 delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos y 12 delitos de lesiones graves.
Este juicio es el primero en su tipo en el país, en donde se debate el delito de trata de personas para extraer ilícitamente órganos.
