La Procuraduría de la Ética Pública reclama el pago de ¢5 millones al exdiputado Abelino Esquivel Quesada, en el juicio que se sigue en contra del exlegislador por presunto tráfico de influencias, pues al parecer en marzo del 2018 le habría pedido al entonces ministro de Justicia, Marco Feoli Villalobos, que sacara de la cárcel a un pastor conocido, condenado por violar a una persona con retardo mental.
La estimación del daño social por posibles hechos de corrupción en la función pública fue divulgada este miércoles por la Procuraduría, la cual confirmó que el debate por este asunto empezó desde el pasado 3 de diciembre. Además, agregó que el proceso entrará en fase de conclusiones este jueves, a las 8 a. m., en el tribunal de juicio del II Circuito Judicial de Goicoechea, San José.
Desde diciembre del 2018 la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción había solicitado que este asunto se elevara a juicio, pues le achacaba a Esquivel, que siendo diputado por el Partido Renovación Costarricense (2014-2018), le pidió a Marco Feoli que sacara de prisión a un pastor condenado a 16 años de prisión por violación agravada en perjuicio de una menor con discapacidad.
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El exdiputado buscaba que al pastor condenado, de apellidos Barquero Benavides, se le diera el beneficio de libertad condicional, o que lo trasladaran a un régimen penitenciario semiabierto. Según la denuncia realizada por el propio Feoli, Esquivel identificó al líder religioso como “su amigo”.
“Él me dice que él quería pedir ayuda, un beneficio para su amigo, que él pensaba que el ministro daba los beneficios y, como yo había liberado criminales, podíamos sacar a su amigo, el pastor, que lo conocía hace 30 años”, dijo el exviceministro de Justicia en el 2018.
En aquel momento, cuando trascendió la denuncia, Esquivel admitió que intercedió por el pastor debido a que él, en calidad de diputado, se “debía a los ciudadanos”. El excongresista adujo que si no hubiera intervenido, probablemente nunca se habría atendido la solicitud de la esposa del pastor, quien pedía la liberación de su cónyuge.
“Acompañé a una ciudadana, a quien conozco, a la oficina del ministro de Justicia, Marco Feoli, porque ella me pidió solicitarle, desde mi despacho, una audiencia con el fin de que tuviera la oportunidad de pedirle que revisen el caso de su esposo, quien fue condenado a 16 años de cárcel, de los cuales ya ha cumplido 6 y, aún así, no le han dado ningún beneficio como sí sucede con otras personas”, había argumentado Esquivel.
Según el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, se castiga con prisión de dos a cinco años “a quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro”.
Otra causa
Abelino Esquivel, de 57 años, también deberá acudir a tribunales para enfrentarse a una causa que se le abrió por, presuntamente, exigirle a sus asesores legislativos una parte de sus salarios, mientras fue diputado en el periodo 2014-2018.
Según el relato de tres exasesores de Esquivel, el entonces legislador les cobraba cuotas mensuales que en conjunto sumaban ¢575.000.
Este asunto, que se discute en el expediente 18–000085–0033–PE ya tiene una condena en contra de la hermana del exlegislador. Wray Esquivel Quesada, fue sentenciada en febrero pasado a nueve años de cárcel por tres delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito. Además, la mujer fue inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos por el mismo periodo.
El debate contra Esquivel por este asunto está programado para que se extienda del 18 de abril al 10 de mayo del 2022.
Colaboró en esta información la periodista Eillyn Jiménez.