EscucharEl exministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles Mora, admitió ayer ante el Tribunal de Juicio de Goicoechea que firmó dos decretos que favorecieron la extracción de oro en Cutris de San Carlos, pero dijo que lo hizo apegado a la ley.
“Yo firmé con la plena convicción de que era conforme a la normativa legal. Los documentos no dicen que eran ilegales”, expresó Dobles en una declaración que se extendió por dos horas y durante la cual no admitió preguntas.
El exfuncionario, que enfrenta cargos por el delito de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley) agregó: “lo que yo firmé no lo preparo ni lo controlo yo. Me viene del ente contralor, que es el Departamento Legal (del Ministerio de Ambiente).
Y cuestionó: “¿Dónde está el dolo ante algo que viene confeccionado y certificado por el Departamento Legal?”. Dobles además señaló que esas resoluciones son preparadas por especialistas ambientales y mineros y que el ministro solo las recibe para su rúbrica.
En su declaración, que en muchos casos consistió en la lectura de documentos, Dobles buscó argumentos para rechazar la acusación en su contra presentada el lunes por el Ministerio Público.
Asimismo, criticó a la Procuraduría General de la República porque, mientras en este caso penal se imputa a siete personas por emitir resoluciones a favor de un proyecto minero; en otro juicio, pero Contencioso Administrativo, la misma Procuraduría defendió la actuación del Estado a favor de la explotación minera.
“Dicen que todo está a derecho y van a un juicio contencioso a defender todas las actuaciones que hoy acusan. Entonces ¿donde está el dolo?”, debatió el exministro.
Al terminar de declarar, el exjerarca manifestó que en las próximas audiencias podría ampliar su actuación en este caso.
Reacciones. Ante consultas de los periodistas presentes, el fiscal Luis Diego Hernández Araya indicó que de las palabras de Roberto Dobles solo se podían rescatar dos puntos importantes para el proceso.
Uno, explicó, es que reconoció ser el jerarca durante el tiempo que se emitieron las resoluciones cuestionadas, y el otro, que fue él quien las firmó “de su puño y letra”.
Añadió que, por lo demás, la declaración de Dobles consistió en interpretaciones personales sobre diversos aspectos.
Hernández resaltó que el juicio todavía está en una etapa inicial, en la cual el Ministerio Público no ha tenido oportunidad de presentar las pruebas recabadas.
“Con la prueba testimonial vamos a acreditar el dolo al dictar las resoluciones”, adelantó.
Por su parte, el Procurador de la Ética Pública, Ronald Víquez Solís, dijo que luego de escuchar a Dobles le llamaba la atención “como el ministro del ramo y superior jerárquico no sabe nada, o sea, no hace las resoluciones, no las prepara, solo las firma. ¿Entonces, quién es el que fija las políticas de ese ministerio”, se preguntó.
Otros hechos. Ayer en el debate, los otros imputados en este proceso anunciaron que no van a declarar.
Se trata de Sonia Espinoza Valverde, exsecretaria general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y Cinthya Cavallini Chinchilla, jefa del Registro Nacional Minero. Además, los miembros de la Comisión Plenaria de Setena: Eduardo Elías Lezama Fernández, Jorge Boza Quesada, Carmen Tatiana Cruz Ramírez y José Rafael Corrales Arias.
A todo ellos la Fiscalía les atribuye complicidad en el delito de prevaricato.
En otro momento del juicio ayer, el abogado defensor de Dobles, Laureano Castro, calificó como “totalmente falseadas y tergiversadas” las acusaciones presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
Castro rechazó que en este asunto se diera un contubernio criminal para beneficiar a Industrias Infinito. “Lo rechazamos por completo. Nunca se le ha ofrecido nada a esta persona (Roberto Dobles)” , alegó.
Para Castro, la acusación que se presentó adolece de algo fundamental, que es el móvil. “Hay una total ausencia de móvil, un premio a Miami, un poquito de plata, pero ¿cuál es el motivo? ¿Firmar por firmar?”, apuntó.
Mientras, José Miguel Villalobos Umaña, defensor de Lezama y Boza, resaltó que ni la Fiscalía ni la Procuraduría dijeron cuáles son los cargos cometidos por cada uno de los imputados.
El jurista insistió en que “no toda resolución administrativa es delictiva (sino que) tiene que demostrarse que es grosera e ilegal”.
El juicio, que finalizaría el 19 de diciembre, continuará hoy con la declaración de tres testigos.
