El Juzgado de Pensiones Alimentarias de Liberia, Guanacaste, disminuyó de ¢90.000 a ¢45.000 el monto provisional que Felícita Zamora debe pagarle a sus tres nietos, cuyo padre está en prisión por los delitos de daños agravados y resistencia a la autoridad.
La decisión la tomó ese Juzgado, el 22 de junio, luego de acoger, de forma parcial, un recurso de revocatoria presentado por Franklin Gutiérrez, abogado de Zamora.
En un principio, la jueza Vivian Monge fijó un monto provisional de ¢90.000, a pesar de que Zamora, de 57 años, alegó que no trabaja desde hace ocho años y que su único ingreso mensual es de ¢35.000, provenientes de una de sus hijas y con lo cual apenas compra comida.
“En este recurso, nosotros pedíamos que eliminaran el monto; sin embargo, no fue posible porque, según el Juzgado, doña Felícita tiene obligación para con los niños (de 17, 7 y 4 años)”, detalló Gutiérrez.
El abogado dijo que la rebaja en el monto la otorgaron porque el mayor de los nietos no es hijo registral de la demandante.
“El de 17 años lleva los apellidos de la abuela materna. Por eso, el Juzgado le otorgó cinco días para que la demandante explicara la razón por la cual estaba pidiendo pensión para una persona que no es su hijo registral. Ella no respondió; no se refirió al tema y, por eso, se bajó”, explicó el jurista.
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Aunque lograron esa disminución, Gutiérrez apeló la semana pasada la resolución, para exigir que se elimine del todo la pensión provisional.
“La expareja del hijo de doña Felícita alega que no puede trabajar porque debe de cuidar a los niños. Pero no hay nada fuerte, un argumento real que explique la razón por la cual ella no puede trabajar”, comentó.
La abuela, de 57 años, habita en una vivienda deteriorada, en Santa Cecilia de La Cruz, la cual pertenece a su madre, Ángela Álvarez.
La demanda. El papá de los tres niños, de apellido Medrano, está preso desde mayo, en el centro penal San Rafael, en Alajuela.
Ante esto, la exnuera de Zamora, cuya identidad no se revelará para proteger a los menores, interpuso una demanda contra la abuela ante el mencionado Juzgado de Liberia, el 25 de mayo.
La expareja, de 31 años, solicitó que se declarara con lugar una pensión de ¢200.000 mensuales a favor de los tres menores.
La demandante, de 31 años, alegó: “(Felícita) es joven, tiene salud, capacidad económica, preparación en repostería del INA, tiene su negocio propio, ayudas de sus ocho hijos mayores de edad, tiene casa de alquiler en Santa Cecilia (...), tiene su negocio de repostería y le vende a pulperías, negocios de la zona y, por encargos, al público”.
La abuela lo desmintió: “Ella (la expareja de su hijo) puso un montón de mentiras. No tengo nada de eso. Me gustaría que vieran mi casa para que entiendan mi realidad. Somos pobres. Ellos son mis nietos; si tuviera con qué, yo los ayudo.
”De hecho, para que vean que son mentiras, yo padezco de fibromialgia hace más de un año. También sufro de gastritis crónica. No puedo estar trabajando; no estoy incapacitada; solo dejé de trabajar”, explicó.