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Cuatro médicos y un comerciante de origen griego enfrentarán a partir de este lunes un juicio por el presunto delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, en perjuicio de 14 personas.
Entre los profesionales acusados figura Francisco Mora Palma, quien fuera jefe del servicio de Nefrología del Hospital Calderón Guardia. La Fiscalía le atribuye el supuesto liderazgo de una banda dedicada al tráfico internacional de órganos con conexión en Israel y en países de Europa del este.
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Este debate se prolongará hasta el 30 de noviembre en los Tribunales de Justicia de San José, y será presidido por los jueces Lorena Blanco, Laura Sánchez, Irena Barrantes y Omar White, informó la oficina de prensa de la Fiscalía.
Está previsto que sean convocados 46 testigos, 25 de ellos presentados por la Fiscalía.
Supuestamente, entre las tareas de Mora Palma estaba la entrevista de los donantes de riñón y el financiamiento de los exámenes para confirmar la compatibilidad con el receptor del órgano.
Luego de su detención, en junio de 2013, Mora cumplió seis meses de prisión preventiva. Tras el pago de una fianza de ¢100 millones, evitó seguir en la cárcel y cumple medidas cautelares, como no salir del país y no acercarse a las víctimas.
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Además de Mora, los otros tres imputados son los médicos Mauro Stamati (cirujano especialista en Urología), Fonseca Guzmán (cirujano especialista en Urología) y Monge Monge (médico especialista en Vascular Periférico), informó la Fiscalía.
El comerciante es identificado por las autoridades judiciales con los apellidos Katsigiannis Karkasi, propietario de una pizzería ubicada en los alrededores del Calderón.
La Fiscalía señala a este último como el aparente responsable de contactar a gente de escasos recursos para ofrecerles dinero a cambio de su permiso para extraer órganos.
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Los otros médicos fueron indagados pero no apresados, según trascendió en el 2013. Tienen las mismas medidas cautelares de Mora Palma pero no pagaron fianza.
Este caso se tramita bajo el expediente 13-000227-1219-PE.
Según la Fiscalía, aparte de trata con fines de extracción ilícita de órganos, se busca establecer la comisión de los delitos de lesiones graves y, en el caso de Mora Palma, también peculado, por el uso de laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para hacer exámenes necesarios para los trasplantes.
Larga investigación
A estas cinco personas se les detuvo en junio de 2013 como parte de una investigación que se inició desde el 2009 a partir de información recibida desde Europa.
La salida de equipo quirúrgico del Hospital Calderón Guardia, denunciada por una enfermera, permitió conocer el aparente funcionamiento de una red de tráfico de órganos.
Además, en mayo de 2013 un reportaje del diario mexicano El Universal, catalogó al país como "punto mundial de tráfico de órganos".
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Ese diario aseguró que la organización se escudaba en el turismo médico para traer personas al país y operarlas en centros privados. Los receptores de órganos eran de Israel.
En otros medios internacionales, como el español El País, trascendió que varios costarricenses fueron llevados a Israel a vender sus riñones.
Los procedimientos quirúrgicos se realizaban, aparentemente, en dos clínicas privadas de San José.
En el momento de su detención, Mora Palma acumulaba 30 años de trayectoria en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y tenía 13 años de ser jefe de Nefrología en el Calderón.
La ley en esta materia, publicada en 2013, define la trata de personas como la promoción, facilitación o favorecimiento de la "entrada o salida del país o el desplazamiento, dentro del territorio nacional de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación o servidumbre, ya sea sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción ilícita de órganos o adopción irregular".
Esa misma normativa define la extracción ilícita de órganos cuando no se aplican los procedimientos médicos y jurídicos legalmente establecida.
El Código Penal castiga la trata de personas con cárcel de 6 a 10 años, pero aumentarían de 8 a 16 años cuando medien algunas circunstancias, entre las que se incluyen que el autor se aproveche del ejercicio de su profesión o función que desempeña; la víctima sufra grave daño en la salud o el hecho fuera cometido por un grupo delictivo integrado por dos o más miembros.
Juicio en breve
Expediente: 13-000227-1219-PE
Tribunal de juicio: Lorena Blanco, Laura Sánchez, Irena Barrantes y Omar White
Imputados: Mora Palma, Mauro Stamati, Fonseca Guzmán, Monge Monge y Katsigiannis Karkasi.
Delitos: trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, lesiones graves, peculado
Cantidad de víctimas: 14
Testigos: 46, 25 de la Fiscalía
Medidas cautelares: firma periódica, domicilio fijo, no acercarse ni molestar a ofendidos y testigos; impedimento de salida del país
