EscucharLas mujeres que sean condenadas por tratar de introducir droga en las cárceles podrían cumplir la pena en su propia casa y, así, seguir al cuidado de su familia.
Además, el castigo duraría entre tres y ocho años, y no entre ocho y 20, como lo dispone la legislación actualmente.
Esos beneficios serían posibles mediante la incorporación de un nuevo artículo a la ley de estupefacientes.
La propuesta de reforma se tramita bajo el expediente 17.980 y, este martes, fue aprobada en primer debate por 38 legisladores.
Eso sí, el cambio no se aplicaría para todas las sentenciadas por ese delito.
Según el plan, las beneficiadas serían las mujeres que cumplan con los siguientes requisitos: que estén en condición de pobreza; sean jefas de hogar en condición de vulnerabilidad; tengan bajo su cargo a menores de edad, a adultos mayores o a personas con una discapacidad, o adultas mayores en condición vulnerable.
El cambio permitiría al juez aplicar medidas alternativas para el cumplimiento de la condena, como la detención domiciliaria, la estadía en centros de confianza o la libertad restringida con dispositivos electrónicos.
Marta Iris Muñoz, jefa de la Defensa Pública y quien apoyó el proyecto, explicó que la mayoría de mujeres culpables de esa falta son madres solteras, que se encuentran en pobreza o que actúan amenazadas por sus parejas.
La funcionaria resaltó que aquellas que sean parte de organizaciones criminales, no podrían gozar de estos beneficios.
De acuerdo con datos recopilados por la Defensa Pública, hasta marzo del 2012 había 120 mujeres recluidas por introducir droga en prisiones. La mayoría son jóvenes de 25 a 35 años, solteras y con hijos.
El proyecto de ley irá a segundo debate el 30 de julio.
Cambio. La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz, quien pertenece a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, comentó que el plan aprobado es un texto sustitutivo presentado por la liberacionista Annie Saborío a la idea original.
“Es un proyecto que aporta proporcionalidad y cuestión de género. Hemos coincidido en que el condenarlas a altas penas, deja más consecuencias negativas para ellas, los niños, y las familias, que lo que estamos tratando de corregir”, señaló la legisladora.
De igual forma lo expresó la jefa de la Defensa Pública, quien además criticó que a las mujeres infractoras se les juzgue y condene con la misma norma que a los miembros de grandes grupos criminales. “La pena de ocho a 20 años siempre queda. Con el nuevo artículo se analizarían otras circunstancias”, enfatizó Muñoz.
“Vamos a beneficiar a personas que constituyen familias, a defender el interés del menor y a cumplir con instrumentos internacionales que establecen protección especial para las mujeres que entran en conflicto con la ley penal”, agregó.
Bien recibido. La magistrada de la Sala Tercera, Doris Arias, consideró que el cambio propuesto está acorde con “el reproche y la proporcionalidad”.
Además, enfatizó en que este tema ha sido analizado por la Sala a la que pertenece. “En su jurisprudencia, la Sala Tercera ha reconocido que puede haber casos de menor necesidad de pena, donde hay mujeres que son víctimas de violencia, donde hay relaciones de poder (...) Así que este plan no nos sorprende, sino que es acorde con la normativa internacional.
Arias abogó porque, de aprobarse esta ley, el Ministerio de Justicia fortalezca la oficina que vigila las medidas alternativas.
