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Una agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien es acusada de filtrar información a un periodista sobre dos casos de secuestro, aseguró ayer que es víctima de represalias por parte de los jefes de esa policía.
La oficial Gabriela Fonseca Vindas, quien tiene 13 años de servicio en el OIJ, afirmó que los “altos jerarcas” de la entidad le cobran haber realizado una pesquisa por la compra de un escudo y chalecos antibalas defectuosos.
Según Fonseca, dentro de esas investigaciones se tuvo información de que el entonces subdirector del OIJ y ahora director, Francisco Segura, pidió manipular pruebas periciales para determinar que los chalecos sí servían.
Esa afirmación fue desmentida ayer por Segura, quien manifestó que un caso no tiene ninguna relación con el otro y afirmó que nunca dio tal orden.
Segura resaltó que no fue indagado por esas supuestas acciones aun cuando, según la agente, se dieron a conocer durante el juicio por la compra de los chalecos.
Por esa causa, en el 2012 fueron absueltos dos empresarios y un funcionario judicial. No obstante, el Tribunal de Apelación anuló la sentencia y el expediente irá a un nuevo juicio.
La pesquisa contra la funcionaria, por el delito de divulgación de secretos, se dio a conocer el lunes 20 de enero, cuando el periodista del diario Extra , Manuel Estrada, y los representantes de esa empresa, acusaron al Ministerio Público y al OIJ de espionaje.
Los denunciantes hicieron público un expediente judicial en el que se evidenció que la Policía hizo rastreos de las llamadas telefónicas del comunicador.
Casos. Ayer, en conferencia de prensa junto con su abogado, Juan Diego Castro, la agente relató que entre el 2007 y el 2008 lideró dos investigaciones que hicieron que “salieran a relucir otros casos de corrupción en la institución”.
Una de las indagaciones fue sobre el supuesto encubrimiento por parte de un jefe del grupo táctico de los defectos que tenía un escudo balístico adquirido. Ese caso está a la espera de juicio.
El otro expediente fue la compra de 397 chalecos que no cumplían con los requerimientos de seguridad establecidos.
Fonseca afirmó que, pese a que desde el 2005 dos investigadores determinaron que los instrumentos estaban defectuosos, estos fueron entregados a los agentes.
La policía narró que en el 2008 se le ordenó que investigara la calidad de los chalecos. Ella afirmó que, previo a que se hiciera un ejercicio de prueba, un compañero suyo, de apellido Castro, recibió una llamada anónima donde se alertaba que el subdirector (Francisco Segura) había pedido que el resultado saliera a favor del OIJ.
De acuerdo con Fonseca, los exámenes no cumplieron las normas necesarias y el perito concluyó que los chalecos servían.
Posteriormente, según la funcionaria, el entonces fiscal general Francisco Dall’Anese, tuvo dudas y envió a un equipo a la fábrica a Israel. Esa visita verificó que los chalecos eran de mala calidad y se retiraron.
La agente también afirmó que, mientras se llevaba a cabo el juicio por esa compra, ella fue víctima de amenazas por compañeros y por desconocidos.
Además, aseguró que nunca tuvo informes sobre la investigación de los secuestros, por lo que no pudo filtrar la información. Admitió que sí ha tenido conversaciones con Estrada, con quien tiene una “amistad leve”.
Fonseca fue detenida el 16 de diciembre por orden de la Fiscalía Adjunta Contra la Delincuencia Organizada.
Ayer, añadió que la causa en su contra se originó luego de que la presidenta de la Asociación de Jueces, Adriana Orocú, alertara a la Policía que un periodista tenía informes sobre otra pesquisa por tentativa homicidio. La jueza negó esta afirmación.
Respuesta. Tras publicarse las declaraciones de Fonseca, el director del OIJ manifestó: “No tienen relación los casos. Ella tiene derecho a decir lo que dijo y tendrá que decir por qué lo dijo”.
“Yo no le ando dando seguimiento a esta muchacha, ella es una investigadora más”, agregó.
Segura también enfatizó en que nunca ha dado ninguna orden de alterar pruebas. “Eso es un delito y yo nunca he cometido una acto delictivo, no lo haría por convicción”.
El jerarca sostuvo que la empleada no ha sido víctima de persecución y descartó ordenar una investigación sobre eso.
