Auditoría Judicial pide anular contrato para evaluar Pensiones

Talcriterio consta en un documento enviado el 11 de agosto a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva.

Como parte de los argumentos se expresa que, pese a que hay más de 30 actuarios inscritos en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica (CPCECR), las invitaciones a los dos concursos de contratación directa que se hicieron “incluían personas que no contaban con el perfil para poder ofertar”.

Entre esos oferentes se invitó a la bióloga Monika Christine Springer, quien respondió que, probablemente, había una “confusión” pues esa no era su área.

La Auditoría también apuntó a que el representante de la compañía adjudicataria, Eduardo Melinsky, no contaba con un permiso temporal del CPCECR para hacer el estudio y únicamente tenía autorización de hacer un informe para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Auditoría analizó el proceso por solicitud de la presidencia de la Corte, luego de que los gremios alegaran dudas al respecto.

El informe fiscalizador fue elaborado por los funcionarios de la Auditoría José Alexánder Solano y María del Milagro Fonseca, y los asesores legales, Roy Díaz y Christian Espinoza.

La Corte Plena conoció el criterio el lunes 18 de agosto; empero, postergó la decisión al respecto luego de recibir un dictamen contrario elaborado por el magistrado de la Sala IV, Fernando Castillo.

La Corte además pidió información al CPCECR. Esa institución confirmó a La Nación que el permiso para el nuevo estudio fue denegado el lunes.

En el 2012, la compañía Melinsky Pellegrinelly & Asociados S. A. elaboró un informe del Fondo de Pensiones en el que determinó que este tenía un déficit actuarial de ¢4 billones (si no se cambian sus condiciones) y que sería insostenible en el 2027. La Superintendencia de Pensiones (Supén) recomendó en enero cerrar el Fondo, el cual tiene unos 12.000 empleados activos.

La Corte y los gremios elaboraron una propuesta de reforma a la ley para fortalecer el régimen, la cual se encuentra en el Congreso.

Detalle. En su informe, la Auditoría señaló que Melinsky pidió el aval al CPCECR hasta el 29 de julio, un día después de que la Proveeduría Judicial le advirtiera al respecto.

El estudio especificó que laborar sin el permiso del Colegio correspondiente implicaría un ejercicio ilegal de la profesión.

Sin embargo, el criterio del magistrado Castillo fue distinto del de los auditores.

“La conclusión a la que yo llego es que los vicios que se alegan (en el informe auditor) no tienen asidero jurídico, en primer lugar, porque en la segunda oferta se invitó a siete oferentes y aunque cuatro ya habían declinado (en un primer concurso) había tres que sí podían, y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa exige que sean al menos tres”, alegó Castillo.

Sobre el segundo aspecto, indicó: “Ha sido tesis de la Contraloría General de la República (CGR) que en casos de consultores externos primero se hace la adjudicación y luego se inscriben (ante el Colegio) porque no tiene sentido inscribirse si no van a realizar el trabajo.

”Además, en el caso concreto, el cartel no pedía que estuviera inscrito como razón para la adjudicación”, agregó.

Castillo especificó que, en caso de que la Corte tome su criterio, el asunto debe ser elevado a la Contraloría General de la República.

Trabajo. La Nación consultó a Eduardo Melinsky por qué solicitó el permiso hasta cuatro meses después de la adjudicación.

El actuario respondió que la invitación al concurso no pedía dicho aval y que su oferta cumplía con los requerimientos. “Incluso en la oferta indicamos expresamente nuestra condición de matriculación como actuarios en la República Argentina”, agregó.

Melinsky indicó que luego gestionó el permiso por solicitud de la Proveeduría Judicial y añadió que las tareas preliminares para el estudio del Fondo de Pensiones las ha hecho desde su país.