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El proyecto de ley para crear juzgados y tribunales especializados en la lucha contra el crimen organizado, así como la iniciativa que le permitiría al Estado arrebatarle sus bienes a quien no pueda demostrar cómo los adquirió, podrían quedar varados en el Congreso debido a la situación fiscal que atraviesa el país.
En una discusión que se desarrolló en la sesión de este lunes, los magistrados de la Corte Plena valoraron pedirles a los diputados que no aprueben los proyectos de jurisdicción especial de crimen organizado y ley de extinción de domino, debido a que no hay dinero para ponerlos en práctica, ya que Gobierno más bien les solicitó una reducción de ¢32.000 millones en el presupuesto para el 2018.
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"En estas condiciones le pediría al Congreso de la República que, hasta que no tengamos contenido presupuestario, no nos den la ley de jurisdicción especial de crimen organizado, por la cual hemos luchado por años, así como la ley de extinción de dominio, porque quedaríamos en ridículo al no poder aplicarlas", manifestó el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa.
En el caso del proyecto de jurisdicción especializada en crimen organizado, esta iniciativa ya fue aprobada en primer debate; mientras que la de extinción de dominio está en la corriente legislativa a la espera de su primera aprobación.
El magistrado William Molinari, de la Sala Primera, también instó a sus compañeros para que la Corte se pronuncie ante el Congreso por los proyectos que están por venir, los cuales impactarían las finanzas del Poder Judicial.
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"No podemos seguir recibiendo reformas que no tienen un contenido presupuestario, que no tienen un estudio serio sobre su impacto. Esto nos pone en una situación complejísima", expresó el alto juez.
Crisis por 10 años
Para la magistrada Nancy Hernández, de la Sala Constitucional, se debe hacer un rediseño en los servicios de acceso a la justicia, pues cree que la crisis financiera impactará por más de 10 años.
"Viendo esto proyectado en una década, esta crisis nos va a impactar más de 10 años y tenemos que cambiar el paradigma de la justicia, lamentablemente. No vamos a poder seguir teniendo un sistema de justicia tan accesible en todas las materias y eso implica hacer un análisis por jurisdicción de qué plazas podemos reconvertir y pasar a las jurisdicciones que más necesitan. El Poder Judicial necesitan un rediseño", manifestó Hernández.
La magistrada constitucional agregó: "Tenemos que aceptar, con dolor, porque yo prefiero un sistema acesible y abierto, pero debemos decir que no lo podemos financiar. Llegó el momento en que debemos hablarle a la gente con la verdad. Hay que hacer cambios estructurales y un cambio de paradigma completo".
Hernández también cuestionó la falta de presupuesto para la Reforma Procesal Laboral, la cual rige desde el pasado 25 de julio y establece que el Estado dará asistencia legal gratuita a los trabajadores que ganen menos de ¢852.400.
"Siento que tenemos que pedirle al Congreso de la República reformas legales sobre leyes aprobadas que no podemos financiar, que el país no puede financiar. El país no puede financiar la Reforma Procesal Laboral dándole asistencia legal gratuita a prácticamente el 90% de la población. Y hay que pedir la paralización inmediata del Código Procesal Civil, porque también nos obliga a crear cientos de plazas más", enfatizó la magistrada constitucional.
Al final de la sesión, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, le indicó a sus compañeros que en el próximo encuentro votarán las diferentes propuestas de los magistrados y tomarán decisiones que permitan colaborar con la situación fiscal que pasa el país.
Magistrados advierten lentitud en procesos orales
El tema de la efectividad en los procesos orales, también se abordó durante la discusión de este lunes en Corte Plena. Algunos magistrados criticaron que la oralidad más bien llegó a atrasar el sistema y a generar pagos de horas extras.
"Debemos replantearlos el protocolo de oralidad de la fase preparatoria, porque yo, como ustedes sabrán, vengo del Ministerio Público, y en la praxis forense la oralidad en el proceso preparatorio lo que ha venido es a contribuir en la mora judicial. Lo que anteriormente sacábamos en una hora con una solicitud de medida cautelar por escrito que enviábamos al juez penal, que todavía es legal hacerlo, ahora me obligan ir a hacerlo a una audiencia oral junto con el defensor público, junto con el privado de libertad y entramos a las 8 a. m. y terminamos a las 10 de la noche con el consecuente pago de horas extra.
"La oralidad no es una gran panacea para estas situaciones, sobre todo para la justicia penal. Siempre he cuestionado las sentencias orales y el tiempo que requiere escuchar una sentencia de un tribunal que la dicta oralmente. Habría que ver si ese remedio no nos salió más caro que la enfermedad", criticó el magistrado Celso Gamboa.
Nancy Hernández también coincidió en que se debe revisar la efectividad que ha tenido la oralidad en procesos judiciales.
"Habrá que ver en qué materias tenemos que replantearnos la oralidad, que nos está saliendo más cara al tener tres jueces en toda una mañana o una tarde en un proceso, cuando tal vez se puede resolver de forma escrita", indicó la magistrada.
También, los magistrados inciaron la discusión para que los jueces de tribunales de flagrancia se sumen a procesos ordinarios. Sin embargo, este es un punto que quedó pendiente de votación para la próxima semana.
"Hay lugares en el país donde las flagrancias no son necesarias, donde tenemos personal pagado y que están generando gastos excesivos al Poder Judicial. No entiendo como tenemos un tribunal de flagrancia en Guadalupe y otro en San José", dijo Gamboa.
