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La Corte Suprema de Justicia comenzó este año con la creación de un plan nacional para reducir la alta impunidad que hay en los casos por delitos sexuales, debido a la "gran cantidad" de procesos que terminan siendo desestimados.
La disposición fue confirmada este lunes por Zarela Villanueva, presidenta de la Corte, en una conferencia de prensa en la que brindó el informe de labores de este 2016.
Según dijo, la necesidad de este plan nació luego de estudiar con más detalle el Primer Informe Estado de la Justicia en Costa Rica, elaborado en 2014, el cual indicaba que cerca del 80% de las denuncias por violaciones o abusos sexuales eran desestimadas.
Primero, indicó Villanueva, trabajaron en determinar qué causaba que los ofendidos prefirieron abandonar esos procesos penales y, entre las razones, está el acompañamiento fallido que se les da a las víctimas desde el principio.
La jerarca consideró que eso podía ser mejorado, por lo que hicieron varias recomendaciones a algunas instancias del Poder Judicial para afinar la guía que se le da al ofendido y, a la vez, les pidieron colaborar con la creación del plan.
"Desde la Comisión de Género, solicitamos a la Fiscalía y demás organizaciones a incluir acciones para minimizar esta situación (...) Participan también el Inamu (Instituto Nacional de la Mujer) y la Policía Administrativa. Hay que evitar que las personas se cansen en el proceso y lo abandonen".
La primera sugerencia, aseguró, fue revisar el protocolo de investigación del Ministerio Público. "Los fiscales tienen que variar su trabajo en el sentido del abordaje que se le da a la víctima, deben buscar otros mecanismos para acercarse a ellas y evitar revictimizarlas".
La segunda recomendaicón fue que las instancias trabajen de forma más coordinada entre sí.
Revisión. Antes de entrar en detalles, Eugenia Salazar, fiscala adjunta de delitos sexuales, indicó que, si bien algunas de las desestimaciones podrían darse por fallas en el acompañamiento a las víctimas, el dato exacto de qué las provocó no está claro.
Pese a ello, Salazar confirmó que hicieron un chequeo a lo interno y, como resultado, notaron algunas situaciones que se pueden mejorar.
Salazar explicó que, actualmente, si la víctima se aproxima a interponer una denuncia por delito sexual, se le toma la queja para dar inicio con la investigación. Si en algún momento, se requiere que el ofendido dé otra vez su versión de los hechos, se le pide. Y, agregó la fiscala, ahí comienza la revictimización.
Principalmente, ese punto es el que se cambiará. "A la víctima hay que atenderla en el momento en el que se acerca a la justicia y se debe intervenir una única vez. Debe ser abordada ahí y no después, pero para eso se necesita una coordinación institucional. Es decir que cada oficina haga lo que tiene que hacer, pero de forma entrelazada. En eso estamos trabajando".
La fiscala señaló que, generalmente, este tipo de delitos afectan a menores de edad y, en su gran mayoría, los agresores son familiares o amigos. "Por eso es tan importante tratar la situación en el momento y no dejar que pase mucho tiempo, porque el afecto que se tenga hacia el atacante puede impedir que la víctima dé su versión".
Salazar prevé que este método de trabajo se comience a implementar a principios de año.
Se intentó obtener una versión de Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero prefirió no dar declaraciones al respecto.
