EscucharLa Corte Plena aprobó, este lunes, revisar el modo de vida y las costumbres de los jueces aspirantes al Tribunal de la Inspección Judicial.
La decisión forma parte de las acciones recomendadas por la Comisión Investigadora sobre Penetración del Crimen Organizado y Narcotráfico.
Los magistrados, por unanimidad, avalaron el informe realizado por el jefe del Departamento de Gestión Humana, Francisco Arroyo.
El funcionario explicó que quienes ocupen estos puestos requieren una intachable moral en su ámbito profesional y personal.
Los jueces de la Inspección Judicial se encargan de resolver los casos de posibles faltas disciplinarias de juzgadores, fiscales, defensores, investigadores y del personal administrativo.
Anteriormente, para ser inspector no había requisitos especializados, a pesar de que el puesto es equivalente al de un juez.
Por ello, Arroyo explicó que modificaron el perfil laboral de quienes aspiren a ese cargo, para que demuestren un conocimiento integral sobre diferentes áreas del Derecho.
El informe señala que para la selección de los oferentes debe haber un examen de conocimientos teóricos . Además, se estudiará la experiencia profesional, los títulos adicionales y se hará una entrevista, con el objetivo de escoger a los mejores candidatos .
Interinos. En setiembre del 2014, tres jueces titulares de la Inspección Judicial dejaron vacantes las plazas , luego de que dos se jubilaran –Rodrigo Flores y Rodrigo Coto– y la otra jueza –Leda Méndez– cambiara de puesto.
Por ahora, este tribunal está integrado por otros jueces interinos, mientras las plazas salen a concurso. La primera sección está compuesta por los jueces Analía Umaña Salazar, Ericka Quesada Madrigal y Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.
Ese último es un funcionario con 24 años de carrera judicial, el cual fue nombrado, este lunes, como presidente del Tribunal.
La segunda sección es emergente y se creó para descongestionar el despacho por la recarga de expedientes. La integran Lucila Monge Pizarro, Ericka Sanabria Salazar y Siria Carmona Castro.
Acciones. En mayo del 2014 se creó la comisión de alto nivel para investigar la penetración del narcotráfico en el Poder Judicial.
Este encuentro fue convocado por Zarela Villanueva, presidenta del Poder Judicial, luego de que la jueza de Limón, Rosa Elena Gamboa, fue involucrada por la Fiscalía por el cobro de ¢20 millones para liberar a un narco.
A partir de las recomendaciones de ese foro, seis meses después se aprobó crear una jurisdicción exclusiva para investigar y juzgar los casos de narcotráfico y crimen organizado.
Esa medida permite excluir del conocimiento de esos casos a juzgados y tribunales regionales, centralizando todo en un despacho en San José, que a su vez tendría a cargo el Centro de Intervenciones Telefónicas.
Por otro lado, se planteó abrir una unidad de investigación social y de antecedentes de las personas oferentes, que realizaría estudios más profundos de los aspirantes a la judicatura.
De esa manera, se pretende compartir toda la información en un solo sistema, que incluya el historial laboral del candidato, los resultados de los exámenes de ingreso a la carrera judicial y si ha tenido causas disciplinarias en otras dependencias.
