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La Corte Plena eliminó un beneficio que les permite a jueces, fiscales y defensores públicos asistir por un año a clases de maestría, durante el día, en la Universidad Nacional (UNA), lo cual implicaba el pago del salario ordinario y la contratación de un sustituto.
Los magistrados aprobaron este lunes gestionar ante la UNA que las clases se impartan en horas de la noche, pues no están de acuerdo en contratar más trabajadores que sustituyan a los becados, debido al gasto adicional que se genera.
El acuerdo forma parte de una serie de medidas para contener el gasto en el presupuesto del 2018, ante la situación fiscal que atraviesa en país.
El magistrado Román Solís, de la Sala Primera, explicó que, al año, este convenio con la universidad le genera un gasto al Poder Judicial de ¢1.315 millones entre salarios de los becados y quienes los reemplazan durante 12 meses. Con el cambio, se eliminaría el rubro para pagarle a los sustitutos, empero, el monto específico no trascendió.
La medida empezará a regir a partir de marzo del 2018, mes en que terminan la maestría quienes la empezaron en este 2017, establece el acuerdo de Corte. Por año se otorgan 19 becas.
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La maestría que llevan los empleados judiciales es para especializarse en materias como Derecho Civil, Agrario o de Familia; sin embargo, hay algunos que ni si quieran las necesitan para el puesto que desempeñan, afirmó la magistrada Iris Rocío Rojas, de la Sala Primera.
"He visto jueces contenciosos metidos en posgrados de otras materias que no están en el área de su competencia", afirmó Rojas.
Los cuestionamientos de magistrados al horario de becas se vienen dando desde años anteriores; no obstante, los magistrados no habían logrado un consenso para modificar el horario de estudio.
Otras medidas de contención
Además de cambiar el horario de clases de los becarios, los magistrados también aprobaron otras medidas de adopción inmediata, para contener el gasto en el Poder Judicial.
Una de ella es congelar nuevas plazas, salvo aquellas que corresponden a obligaciones por nuevas leyes y apertura de oficinas. Eso sí, deben tener un estudio ténico respaldado en esos casos.
Otra medida aprobada por los altos jueces es que los trabajadores de Juzgados de Flagrancia se sumen a labores ordinarias cuando el tiempo se los permita.
Otro de los puntos de discusión de este lunes fue el ahorro en el pago de horas extra. Para esta medida, el magistrado Celso Gamboa, de la Sala Tercera, pidió agregar al acuerdo que en los procesos penales de la etapa preparatoria se use la oralidad como una excepción, pues esto genera millones en pago de horas extra.
"El gran pago de horas extra en el Poder Judicial es producto de la oralidad en la fase preparatoria del proceso penal. Acordemos que la oralidad sea la excepción y las medidas cautelares sean por escrito. Esta situación en particular vendría a darnos un ahorro. Ya lo conversé con el Fiscal General y está de acuerdo", enfatizó Gamboa.
Los demás magistrados se mostraron anuentes en aprobar lo planteado por Gamboa; pero antes de decidir, acordaron pedirle criterio a la Fiscalía General y la Defensa Pública.
En la sesión de este lunes, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, informó a sus compañeros de que ya le indicó al Gobierno que están de acuerdo en un recorte de ¢6.000 millones en el presupuesto del 2018.
La cifra es mucho menor a la solicitada por el Ministerio de Hacienda, que pidió un ahorro de al menos ¢32.000 millones, debido a la situación fiscal vigente.
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El plan de gastos del Poder Judicial aprobado para el 2017 fue de ¢460.000 millones. El recorte solicitado de ¢32.000 millones representaría el 7% de ese monto, previendo que el presupuesto del próximo año sea similar.
Está previsto que la Corte Plena continúe discutiendo medidas de contención del gasto en su próxima sesión ordinaria.
