La Fiscalía solicitó, este lunes, al Tribunal Penal de Hacienda levantar la medida cautelar de separación del cargo de la agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Gabriela Fonseca Vindas.
La funcionaria fue señalada por filtrar información a un periodista de Diario Extra , sobre un caso de secuestro, por lo que le abrieron una causa por divulgación de secretos.
Ella consideró que se trataba de una represalia, porque investigó una compra de chalecos antibalas defectuosos y recibió información de que un jerarca pidió manipular pruebas forenses.
El viernes, la Sala Constitucional ordenó destruir la prueba de los rastreos, porque se vulneró el secreto de las fuentes del periodista.
Jorge Chavarría, fiscal general, aseguró que sin esa prueba la investigación se debilita; por lo tanto, cree que el caso quedará impune.
“Nosotros procedimos (con el rastreo) conforme estaban los estándares, antes de la discusión de la Sala, en relación con el recurso de amparo. Ahora, la Sala aprovecha el caso para reforzar y fortalecer la libertad de prensa, al decir que en el caso concreto, se violentó el secreto de las fuentes”, dijo el fiscal.
De esa manera, Chavarría calificó como un hito el fallo de los magistrados. A pesar de ello, considera que ningún funcionario debe entender que tiene la libertad para decir todo lo que quiera a un periodista, en relación con su función, porque está limitada por la ley.
En el caso de las personas que ordenaron los rastreos al teléfono del periodista, Chavarría dijo que no los investigarán en ninguna vía, ni en lo penal ni en lo disciplinario, porque actuaron según la ley.