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Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes
"La Corte recomendó y La defensoría instó al presidente del Congreso a que se sometiera a votación de inmediato. Siento que cuando se habla de funcionarios de alto nivel, las cosas como que se varan"
Juan Carlos Mendoza, Diputado PAC
"Lo entiendo totalmente en lo jurídico, pero en lo político, en lo humano, realmente me molesta el pensar que aquí simplemente no existen salidas para que estos casos sean procesados como corresponde"
Luis Fishman, Diputado PUSC
"El tema es que se está aplicando una norma que, evidentemente, y así lo dice Servicios Técnicos, no fue bien legislada, porque la potestad de nombrar o quitar magistrados pareciera que es constitucional"
Más de dos meses han pasado desde que la Corte Plena pidió a la Asamblea Legislativa que destituyera al magistrado de la Sala I, Óscar González Camacho, a quien responsabilizó de acoso sexual contra una jueza; sin embargo, los diputados aún no adoptaron esa decisión.
Los legisladores incluso se quedaron de manos atadas, luego de que, el 31 de julio, un informe elaborado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa les advirtió que no tienen potestad para revocar ese nombramiento.
El estudio señaló que el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con base en el cual los diputados harían la destitución, riñe con la Carta Magna.
Los analistas estimaron que, constitucionalmente, el máximo castigo disciplinario para un magistrado es la suspensión, y no la revocatoria de nombramiento.
Pero, además, los expertos consideraron que los diputados solo pueden tener injerencia en el asunto cuando se les remita un expediente penal y no disciplinario, como ocurrió en este caso.
“El constituyente de 1949 no contempló la posibilidad de que el legislador tuviese la competencia para suspender, y menos aún para revocar, el nombramiento de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia a partir del conocimiento de un proceso disciplinario; proceso que, además, solo puede ser instruido y resuelto por la propia Corte”, detalló Servicios Técnicos.
Precisamente, la semana pasada la Sala IV acogió para estudio una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el magistrado González contra el artículo 182 de la Ley Orgánica.
Servicios Técnicos advirtió al Congreso que, por ley, se debe esperar el fallo antes de decidir sobre el tema, explicó Gloria Valerín, quien dirige esa oficina.
“Les dijimos que la Sala (IV) tiene que decir si es inconstitucional; a nosotros nos parece que sí”, manifestó la funcionaria.
Luis Fernando Mendoza, diputado liberacionista y presidente de la Asamblea, comunicó que el 1.° de agosto se conoció el informe y se acordó detener el procedimiento de separación hasta que la Sala Constitucional resuelva.
Choque de normas. El artículo 182 de la Ley Orgánica dicta: “Si esa misma cantidad de magistrados considerare que lo procedente es la revocatoria de nombramiento, la Corte lo comunicará así a la Asamblea Legislativa”.
De acuerdo con el análisis jurídico, esa norma contraviene al artículo 165 de la Constitución, el cual dice: “Los magistrados de la Corte no podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa, o por los otros motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente al régimen disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de los dos tercios del total de sus miembros”.
Valerín destacó que los legisladores solo podrían actuar si hay una orden judicial de inhabilitar al funcionario.
La directora también resaltó que, sobre el nombramiento, la Constitución solo prevé el rechazo de la reelección.
Óscar González está nombrado hasta el 2018. Él también enfrenta una causa penal por violación.
