EscucharUn joven propietario de dos vehículos, una motocicleta pistera y quien portaba ¢4,2 millones en efectivo, deberá ahora explicar cómo obtuvo esos bienes o, en caso contrario, pasarán en comiso a favor del Estado.
Este caso se inició el 28 de setiembre del 2011, cuando el sospechoso de apellido González, en aquel momento de 21 años (hoy tiene 25), fue detenido por la Fuerza Pública, durante un operativo realizado en Paso Ancho, en San José.
González conducía un Toyota Rav4 de su propiedad, modelo 2003, valorado en ¢2,3 millones, y viajaba acompañado por tres amigos. Cuando los policías revisaron el interior del auto, encontraron un paquete con fajos de billetes, que en total sumaron ¢4.256.000.
El Ministerio Público abrió una causa contra González, un joven proveniente de una familia humilde de Moín, Limón, y sin oficio conocido, como sospechoso del delito de legitimación de capitales.
La Fiscalía, al ahondar en las pesquisas, encontró en el Registro Nacional que González también era dueño de un Toyota Corolla modelo 1996, que vale ¢1,9 millones, así como de una motocicleta Yamaha FZ16, valorada en ¢830.000. Todos los bienes los había adquirido durante los años 2010 y 2011.
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Ante la imposibilidad que tuvo el Ministerio Público de probar que González consiguió el dinero de un delito para comprar esos bienes (como lo exige la legislación penal), se pretendió confiscarlos al pedir al Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda que aplicara los artículos 20, 21 y 22 de la Ley contra la Delincuencia Organizada.
La Fiscalía presentó el 22 de mayo del 2013 una denuncia contra González por incremento de capital sin causa lícita. Eso obliga al sospechoso a tener que demostrar el origen legal del dinero.
Sin embargo, debido a la consulta de constitucionalidad, el proceso judicial se paralizó. Con el fallo de que los artículos son constitucionales, ahora el Juzgado debe emitir una sentencia.
