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3.259
Reos sin condena en firme, de los cuales, 282 son mujeres. Esta cifra representa el 24,2% del total de población en cárceles.
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Sentenciados a prisión por un tribunal que, al 31 diciembre del 2012, aún esperaban que su fallo adquiriera firmeza.
¢681.750
Costo de mantener un privado de libertad en prisión preventiva durante un mes; monto incluye alimentación, vigilancia y todos los servicios.
123%
Porcentaje de hacinamiento en los ámbitos de indiciados de la cárcel de Pérez Zeledón. Le sigue la cárcel de San Carlos con un 119%.
“Yo me ilusiono con que podré salir y rescatar todo lo que perdí, y cuando me planteo una meta como estudiar, se me viene a la mente que me espera un largo camino en la cárcel. Perder mi juventud aquí me ha dolido mucho”.
Con esa desesperanza, Marlon Ramírez asegura, con el llanto contenido, que la zozobra en prisión lo está “matando”. Sus brazos guardan decenas de cicatrices que desesperadamente se ha autoinfligido en prisión, y en su cuerpo hay señas de cuando otros reos le prendieron fuego mientras dormía meses atrás.
Se describe como un “pollito” al recordarse de 21 años cuando lo detuvieron en su casa, en febrero del 2009, por supuestamente integrar una banda de asaltantes.
Esa vez, le dictaron seis meses de prisión preventiva, que se han convertido en 54 meses y 26 días (cuatro años y medio), pues la sentencia que lo condenó en primera instancia a 48 años, el 3 de junio del 2011, aún no está en firme.
“¿Cuándo se va a acabar mi prisión preventiva? Yo agarro un código y dice que lo máximo son 36 meses, pero aquí encontré una justicia distinta”, cuestiona desde el cuarto de entrevistas de la cárcel en San Sebastián, al sur de San José.
Panorama. Según datos de Adaptación Social, 17 personas llegan, en promedio, cada día a descontar prisión preventiva. Este dato se desprende de los 6.298 casos de abril del 2011 a abril del 2012; en ese mismo lapso, el 53% (3.321 reos) salió porque la medida cesó.
De los presos que entraron a San Sebastián entre enero y marzo del 2013, el 42% salió en los primeros 15 días; el 31% dejó la prisión entre los de 16 días y dos meses y el 27% restante estuvo tras las rejas entre 61 días y 10 meses.
La factura que queda es muy cara, pues el costo diario de mantener un reo es de $45. Si está dos meses en prisión preventiva, el Estado debe gastar ¢1,4 millones por persona.
Según estadísticas del Poder Judicial, al 31 de diciembre del 2012, 726 personas permanecían detenidas en los módulos de indiciados, tras ser declaradas culpables por un tribunal, pero aún esperaban que el fallo adquiriera firmeza.
Esos privados de libertad no se remitieron al Instituto Nacional de Criminología para que un equipo técnico los evaluara y comenzaran con su plan de ejecución de sentencia, pues esperaban el resultado del recurso de apelación (445), el de casación (166) o que el fallo estuviese en firme (115).
Tal es el caso de Marlon, quien ganó un recurso de apelación, en noviembre del 2011, y fue enviado a un nuevo juicio en el que confirmaron su culpabilidad en junio del 2012, pero volvió a apelar por estar convencido de su inocencia.
“Cuando me agarraron por este caso, yo no sabía qué estaba pasando. Me metieron en una celda y para mi sorpresa me dijeron que yo conformaba una banda con las personas que estaban ahí, que ni siquiera conocía”, expresó.
El caso lo apeló porque la Fiscalía realizó un reconocimiento físico del imputado, al parecer, sin que su defensor de confianza estuviese presente. Esta es la principal prueba que lo involucra.
Indiciados. Al 23 de mayo del 2013, en las cárceles del país había 13.466 personas detenidas, de las cuales 3.259 (24,2%) no tenían condena en firme. 282 eran mujeres.
Actualmente, el sistema penitenciario tiene capacidad para albergar 2.371 personas con prisión preventiva, por lo que hay una sobrepoblación del 37,5%.
Los centros más críticos son San Carlos y Pérez Zeledón, donde el hacinamiento es del 119% y 123%, respectivamente. En San Sebastián, centro especializado para indiciados, hay 273 reos de más.
Cuatro de cada 10 reos descuentan detención preventiva por delitos contra la propiedad; el 30% por infracción a la Ley de Psicotrópicos; el 14% por delitos contra la vida; el 8% por delitos sexuales, el 4% por agredir o matar mujeres y 4% restante por otros delitos.
“Si yo pierdo esta apelación, espero no seguir luchando en casación. En dos juicios, nadie ha visto mi credibilidad y prefiero ponerle fin. Quiero tener seguridad de si me voy a quedar aquí. Si a un juez o fiscal lo trajeran a vivir aquí por un mes, tal vez piense mejor cada vez que dicte prisión preventiva a una persona”, aseveró Marlon.
